La Defensoría del Pueblo advirtió este jueves en un comunicado que se deben 'determinar las condiciones institucionales' por las cuales se permitió que siete militares presuntamente violaran una niña indígena en Risaralda.
'Es necesario que el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho', se lee en el documento.
El ente del Ministerio Público reflexiona acerca de que cuando la violencia sexual se comete contra una niña, la conducta es más grave por cuanto el victimario se vale de su vulnerabilidad para la comisión de este acto violento y criminal, y especialmente para asegurar su impunidad.
Y agrega que 'cuando la violencia sexual es además cometida por miembros de la fuerza pública, a quienes se les confió el uso de las armas del Estado, es una grave violación a los derechos humanos y particularmente de la obligación estatal de respetar la vida, integridad y salud de una menor de edad'.
Por ello pide que la violación de la niña en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, que habría sido cometida por siete militares, sea 'urgentemente esclarecida por la justicia ordinaria para que, posteriormente, se pueda sancionar ejemplarmente a los responsables directos y así reparar a las víctimas'.
