La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, respaldó la solicitud de las autoridades tradicionales del resguardo Gito Dokabú Embera Katío, al que pertenece la menor violada por siete militares, para que 'los agresores sean entregados a la justicia indígena para ser juzgados y que después de cumplir la condena también sean juzgados por la justicia penal ordinaria'.
En un comunicado emitido el pasado miércoles, la Onic advierte que el hecho presentado en el corregimiento de Santa Cecilia, en jurisdicción de Pueblo Rico, Risaralda, el 22 de junio pasado, donde fue violada una menor de edad de 13 años, la cual fue secuestrada antes por los siete soldados de Batallón San Mateo, se perpetró 'aprovechando el aislamiento y la situación generada por la pandemia'.
'El lamentable hecho que hoy es noticia, constituye una grave vulneración de los derechos de la menor, y de afectación colectiva de su familia, el pueblo Embera Katío y los pueblos indígenas del país, y se suma a un largo prontuario de actos atroces por parte de las Fuerzas Militares quienes por acción u omisión se constituyen en un factor de riesgo en vez de garantía de seguridad para los pueblos y naciones indígenas, además en el contexto de genocidio en el que nos encontramos, constituye una estrategia intimidación, división y fraccionamiento a nivel de la comunidad con la cual buscan minar nuestra autonomía', se lee en el documento de la organización.
El ente pone de presente finalmente que en las culturas indígenas la mujer 'es el hilo tejedor que enlaza y transmite la lengua y las costumbres ancestrales, permitiendo así, conservar a través del tiempo, la cultura y la espiritualidad que hace que los pueblos no olviden las raíces que nos unen con la madre tierra'.
