La Contraloría General de la República ha recibido múltiples denuncias ciudadanas relativas a la deficiente o nula entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) a afiliados de las ARL en riesgo de exposición directa al virus COVID-19.
Las denuncias de competencia de la Contraloría están siendo tramitadas por las Contralorías Delegadas para el Sector Trabajo y para el Sector Salud, y las que no, son remitidas al Ministerio de Trabajo.
Los Decretos 488 y 500 de 2020 así como las Circulares 017 y 029 de 2020 del Ministerio de Trabajo, definen qué tipo de afiliados se consideran en riesgo de exposición directa de forma específica: personal de salud, aseo, vigilancia, alimentación, administrativos (asociados al sistema de salud), personal de terminales aéreos, terrestres, marítimos, control fronterizo, Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos.
Sin embargo, al revisar la información reportada por las mismas ARL, se han identificado empresas afiliadas cuyo objeto social no se encuentra relacionado con este tipo de actividades, por lo cual la entrega con cargo al 7% de los recursos de las ARL, ordenado por los mencionados decretos, podría ir en contra del ordenamiento legal y disminuiría la capacidad de atención de personal que se encuentre en riesgo de exposición directa.
Los Decretos 488 y 500 de 2020 ordenan además de la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), la realización de pruebas preventivas y diagnósticas a los afiliados en riesgo de exposición directa con cargo al 7% de los recursos que perciban las ARL por concepto de cotizaciones al Sistema de Riesgos Laborales.
No obstante, la Contraloría ha encontrado que es baja o nula la realización de pruebas por parte de las ARL que permitan prevenir o mitigar la propagación del COVID-19.
