La Procuraduría solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud adoptar medidas urgentes que garanticen la prestación de servicios de salud a pacientes no-COVID a nivel nacional.
'Se conoció la grave situación que padecen los pacientes con diferentes patologías crónicas no relacionadas con COVID-19, tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades renales, entre otras, donde se evidencian retrasos en la autorización y entrega de medicamentos, demoras, dilaciones injustificadas y falta de oportunidad en la asignación de citas médicas, vulnerando los principios de continuidad, calidad e integralidad, circunstancias que sumado a las características de las patologías vienen generando un deterioro de la salud de los ciudadanos pudiendo incluso causar la muerte', se lee en la misiva.
El Ministerio Público le advierte de esta manera a la Supersalud que la atención en salud en el marco de la pandemia generada por el virus del SARS-CoV-2, no debe ser excusa para la desatención de pacientes con otras patologías a causa de decisiones y malas prácticas de algunos administradores de salud, toda vez que se está vulnerando el derecho fundamental a la salud de la población con enfermedades crónicas.
'No se debe desconocer que muchas de ellas son las principales causas de mortalidad en nuestro país en población vulnerable y de especial protección como los adultos mayores y menores de edad', indica el ente de control.
Por ello pide que de manera urgente se adelante un plan de seguimiento especial a las entidades administradoras de planes de beneficios que contenga como mínimo autorizaciones emitidas, discriminadas por patología y por departamento; número de quejas y plazos perentorios para la resolución de las inconformidades; seguimiento de la entrega de medicamentos a domicilio, autorizaciones de citas por médicos especialistas según la patología y un indicador que mida la oportunidad en el otorgamiento de la autorización y asignación de citas, así como también los tiempos de autorización y entrega de medicamentos.
Finalmente, pide la Procuraduría a la Super presentar un informe en un plazo no superior a tres días.
