Mientras María Cedeño, una de las víctimas de crímenes de Estado en el Atlántico, va contando sus esperanzas de cero impunidad, una mujer a su lado rompe en llanto. Se pasa el dedo índice con delicadeza debajo de los ojos y, luego, va recogiendo las lágrimas esparcidas por las mejillas y barbilla.
'Sabemos que se pasó por innumerables recuerdos. No pretendemos realizar borrón y cuenta nueva. Si bien estamos llamados a la reconciliación, también queremos que cese la impunidad', expresó Cedeño, directora del capítulo Atlántico del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
La mujer a su lado, sin lograr contener las lágrimas, utiliza una toalla para secarse el rostro y trata de ocultar su dolor escondiéndose detrás de su cabello mono y suelto. Antes, al inicio de la presentación del informe ‘Y volveremos a cantar, con los aires de la paz y el anhelo de justicia’ (que fue entregado a la Comisión de la Verdad el pasado viernes), ella (Martha Díaz, directora de la Asociación de Familiares Unidas por un Solo Dolor) contó que como víctimas sufren cada vez que pasa un año más y no tienen las explicaciones de por qué desaparecieron a sus familiares y, mucho menos, por qué los mataron y los pasaron como guerrilleros heridos en combate.
El informe, presentado por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), documenta 208 casos de homicidios a civiles (ejecuciones extrajudiciales) en la Región Caribe, presuntamente cometidos por integrantes de la Primera División del Ejército Nacional, entre los años 2003 y 2008.
Estos casos convirtieron a 383 personas en víctimas del conflicto armado, en especial del fenómeno también conocido como ‘falsos positivos’. De las cuales, además, 121 son víctimas de desaparición forzada.
