La Procuraduría informó este domingo en un comunicado que citó a audiencia de juzgamiento disciplinario a siete soldados del Batallón de Artillería No. 8 'Batalla de San Mateo' de la Octava Brigada del Ejército, para que respondan por el presunto acceso carnal violento y secuestro cometido en Pueblo Rico, Risaralda, contra una menor de 12 años de la comunidad indígena Embera.
Se trata de los soldados regulares Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangaret Hernández, señalados de un primer cargo de acceso carnal violento en persona protegida.
A Mangaret Hernández, la Procuraduría advirtió que, 'aunque no ejecutó actos de violación sexual contra la niña, al parecer contribuyó a la realización de estas conductas cuando tenía el deber constitucional y legal de defenderla de cualquier agresión, por ser sujeto de especial protección'.
Para el Ministerio Público, al presuntamente ser accedida carnalmente la menor indígena de manera repetida por los soldados, se configuró una grave violación al DIH.
'Ni los ciudadanos, la sociedad, y el Ejército Nacional en su conjunto esperan que algún miembro de la institución vulnere la dignidad de las personas, más aún de las menores de edad, dada la investidura y la función constitucional que tienen, más en una zona de conflicto armado como se trata del corregimiento Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda', se lee en el boletín.
El órgano de control, además, les formuló un segundo cargo porque, al parecer, retuvieron contra su voluntad a la menor de edad entre las 8:00 de la noche del 21 de junio y las 5:00 de la mañana del día siguiente, con lo cual pretendieron ocultar a la niña de los familiares en un ‘cambuche’, hecho que a juicio del órgano de control se podría constituir en secuestro simple agravado.
'Los investigados habrían abusado de su cargo y de la función derivada del mismo para retener a la menor de edad cerca de las instalaciones de la BPM Pelotón Buitre 2, en inmediaciones del Colegio PIO XII, al parecer impidiéndole salir hasta el día siguiente, sin informar lo sucedido a superiores ni a los familiares de la niña, con lo cual habrían defraudado la confianza que la sociedad tiene en relación con el quehacer funcional de los miembros del Ejército Nacional', advirtió la Procuraduría.
