La Fiscalía informó en un comunicado el pasado jueves que al líder social Temístocles Machado, asesinado el 27 de enero de 2018 en Buenaventura, Valle del Cauca, lo mataron para arrebatarle un predio.
Por la muerte de Machado, reconocido defensor de las víctimas del despojo de tierras de las comunidades de los barrios Isla de Paz, La Cima y El Oriente, se habrían ofrecido unos $400 millones.
En medio de las pesquias, un juez de control de garantías de Cali impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan José Mosquera Caicedo, uno de los señalados determinadores del asesinato, quien para la época de los hechos era director de la Casa de Justicia de Buenaventura.
La Fiscalía imputó a esta persona los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado. Este sujeto fue capturado en un operativo conjunto de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en el barrio Nogal de Cali.
Igualmente, en etapa de juicio se encuentra Juan José Mosquera Gómez, alias El Profe, otro de los presuntos determinadores del crimen.
Así mismo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura condenó a Carlos Arturo Andrade Machado, sobrino de la víctima y quien aceptó los cargos, a 20 años de prisión como determinador de los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de defensa personal agravado.
'Los resultados se suman a la condena del autor material del homicidio, Jorge Luis Jaramillo Valencia, alias Costeño, quien cumple sentencia de 17 años y 8 meses de prisión en la cárcel de Barranquilla. Además, avanza juicio oral contra Carlos Daniel Delgado Urrutia, alias Danny; Edwin Samir Rosero Obregón, alias Samir; Jefferson Castillo Viveros, alias Maylo, presuntos coautores de este hecho', recordó el ente acusador.
En el comunicado se reporta que estos resultados corresponden a la estrategia de priorización de las zonas con mayor concentración de victimización contra defensores de Derechos Humanos, reincorporados y sus familiares, que deja 58 sentencias condenatorias por agresiones contra defensores de Derechos Humanos.
