La Contraloría hará control preventivo y concomitante al proceso de enajenación de acciones para la vinculación de inversionistas en la venta de Electricaribe.
Así lo anunció este jueves el senador José David Name, de La U, en un comunicado.
'Desde el mes de abril hemos pedido a Electricaribe, en repetidas oportunidades, que nos informe el monto total de la enajenación de la empresa y nunca nos han dado una respuesta, invocando la figura de la reserva de ley, que no aplica en este caso. Esta es una negociación que tiene gran incidencia en los intereses generales de la Nación y la comunidad de la región Caribe por eso se debe informar a todos los colombianos de manera transparente', advirtió el parlamentario.
Tras la solicitud de realizar el control preventivo, Name agradeció al contralor Carlos Felipe Córdoba y dijo que 'mediante esta acción de la Contraloría conoceremos si el negocio comercial de la empresa representa o no un detrimento patrimonial o social para el Estado'.
De otro lado, su copartidario, el senador Armando Benedetti, hizo una grave denuncia en la plenaria del Senado del pasado miércoles: 'Entre el segundo semestre del 2019 y a comienzos de este año, la agente especial de Electricaribe, Ángela Rojas, adjudicó a dedo $860 mil millones de los cuales $735 mil millones fueron destinados solo para 13 contratos'.
Agregó el congresista que la situación de la empresa es 'tan delicada y extraña', que en el último año y medio de intervención 'el Gobierno nacional le giró a la liquidación $2,5 billones para cubrir el déficit operativo. Esta ha sido la intervención más costosa de la historia del país y esos recursos no se van a recuperar porque, si bien fue secreto el valor de la subasta de venta, se tiene conocimiento de que la oferta para la compra de Electricaribe no fue superior a los $300 mil millones y con ese dinero era con lo que se pretendían a recuperar los créditos'.
Aseguró Benedetti que 'la agente especial le pagó a la firma de consultoría Boston Consulting Group $24 mil millones para que valorara las inversiones de los dos mercados, pero ese trabajo lo hicieron los mismos empleados de Electricaribe'.
Y añadió que la funcionaria, 'a sabiendas de que va a entregar la empresa, compró 107 vehículos nuevos para una supuesta operativa que está tercerizada y de los cuales siete fueron entregados a los directivos. Y, por otro lado, despachando desde Bogotá no atendía los problemas operativos de la empresa, razón por la cual aumentaron las interrupciones, disminuyó el recaudo, incluso desde antes de la pandemia, y se deterioraron los indicadores de calidad'.
Por todo esto, el senador radicó un derecho de petición con estos interrogantes ante Electricaribe y la Superservicios, con el fin de citar un debate de control político al respecto.
