En una audiencia virtual iniciada a las 9:00 de la mañana de este martes, la Procuraduría General de la Nación calificó al coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita como determinador del asesinato del excombatiente de las FARC Dimar Torres Arévalo, en hechos ocurridos el 22 de abril de 2019, en la vereda Carrizal, del municipio de Concepción, Norte de Santander.
De acuerdo con el fallo, el coronel (r) Pérez, que entonces se desempeñaba como comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No.11, dio una indicación muy clara y en repetidas ocasiones —al menos tres— a los cinco oficiales a través de la radio: 'Matar, no capturar', aseguró la Procuraduría. También se indicó que, en su momento, el alto oficial atribuyó toda la responsabilidad a sus subalternos, por lo que se le impuso una sanción de 20 años de destitución e inhabilidad general.
Así mismo, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría declaró probado que el autor material del homicidio había sido el cabo segundo (r) Daniel Eduardo Gómez Robledo, entonces comandante de la Segunda Sección de la Compañía Alabarda Cuatro del mencionado Batallón, quien había aceptado los cargos en su contra, a quien ya se le había puesto una condena por el crimen. A este se le impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por 14 años.
En el fallo, la Procuraduría establece que Dimar Torres sí estaba cumpliendo con las actividades agrícolas correspondientes al proceso de reinserción a la vida civil conforme a los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.
Por su parte, fueron calificados como cómplices del homicidio los soldados profesionales adscritos a la Compañía Alabarda Cuatro del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 de la sección Uno, Cristian David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buriticá Duarte. A estos se les acusó de prestar ayuda posterior al crimen al cabo segundo (r) Gómez Robledo, por lo que se les impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años, a cada uno.
La Procuraduría indicó que los militares asociados al crimen 'se apartaron del límite prohibitivo impuesto por la ley', sin que estuviesen amparados en ninguna medida que los excluyera del mismo, considerando que Torres Arévalo era una persona protegida por el Estado.
