La Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y la Mesa de Víctimas advirtieron este jueves en un comunicado que la política de víctimas se encuentra en un 'escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas, y la atención a esta población, cuyas vulnerabilidades han aumentado durante la emergencia por la COVID-19'.
En este sentido, las comisiones de seguimiento a la Ley de Víctimas y a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 advirtieron que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo de las 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vean deterioradas su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Ante esta situación, plantean, se requiere una 'política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades'.
Alertan además que la pandemia en los territorios y comunidades étnicas 'podría generar un etnocidio, como consecuencia del estado de crisis humanitaria', agravando los procesos de desaparición física y cultural que el conflicto armado y sus factores subyacentes han generado.
Por ello, señalan, es fundamental que el Gobierno adopte correctivos y medidas especiales y urgentes que mitiguen el impacto de la pandemia en las víctimas.
Ponen de presente así mismo que a pesar de las estrategias implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no se ha logrado atender de manera oportuna y eficiente la alta demanda de solicitudes de las víctimas en materia de ayuda humanitaria e indemnización durante la emergencia.
'Entre 2019 y junio de 2020 la reconfiguración de los escenarios de violencia, motivada por la disputa territorial tras la firma del Acuerdo Final de Paz y la emergencia causada por la COVID-19, generaron un crecimiento en el número de desplazamientos masivos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida', se lee.
Añaden los entes de control que a pesar de su insistencia, el Gobierno no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas en un tiempo razonable. Tampoco se cuenta con un nuevo Conpes que incluya la implementación de los decretos leyes étnicos y la articulación con el Acuerdo Final de Paz.
Indican en cifras que el esfuerzo fiscal del Gobierno de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los 9 millones. Según cálculos de la Contraloría, a 2030 se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización individual y colectiva ($48,7 billones); a vivienda urbana y rural ($26,2 billones); a alimentación ($24,8 billones), retornos y reubicaciones ($20,5 billones), educación y salud - SGP ($197,3 billones), entre otros.
Durante 2018 y 2019, expone el documento, 'no se cumplió ninguna de las 1.463 órdenes en materia de vivienda. En los casos de víctimas de pueblos étnicos solo se han expedido 18 sentencias en 9 años, y de 1.292 órdenes judiciales únicamente se han hecho efectivas 11.4%.
A través de toda la vigencia de la Ley y los Decretos Leyes se han restituido en sentencia 382.755 hectáreas, de las cuales el 58% corresponde a grupos étnicos y el 99% de estas, a territorios ya formalizados (resguardos y territorios colectivos de comunidades negras titulados).
'En total, 879.821 víctimas han sido indemnizadas, lo que corresponde a casi el 13% de los 7.261.998 sujetos de reparación. A este ritmo se necesitan más 50 años para indemnizar al universo de víctimas sujetos de reparación', concluye la información.
