La Misión de Observación Electoral (MOE) se pronunció sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del senador Gustavo Petro contra el Estado. Según la entidad, dicha sentencia no debería sorprender y solicitó al Congreso la presentación de un proyecto de ley en este sentido.
La MOE puso de presente que Colombia 'estaba sobre aviso de la necesidad de hacer los ajustes institucionales frente a las sanciones impuestas por un órgano administrativo a los funcionarios elegidos popularmente'. Esto al recordar el fallo de la misma Corte 'López Mendoza contra Venezuela' en 2008.
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, señaló: 'El fallo de la Corte reitera la necesidad de una reforma que modifique los procesos sancionatorios que se adelanten contra los funcionarios públicos de elección popular, tal y como lo ha señalado la MOE desde hace años, en las distintas iniciativas de reformas constitucionales políticas y electorales'.
La Misión de Observación Electoral respaldó el fallo, al recordar que el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) es absolutamente claro en el sentido de que no permite que un órgano administrativo, como la Procuraduría General de la Nación, pueda aplicar una sanción que implique una restricción para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido. 'Para ello se requiere una decisión de un juez competente que determine que efectivamente se cometió un delito', explicó la entidad en concordancia con lo dicho por la Corte IDH.
Sobre las implicaciones del fallo, la MOE planteó varias inquietudes que espera sean respondidas por la Procuraduría y el Congreso. Entre estas pidió conocer qué pasará con las sanciones de inhabilidad y o destitución que ha impuesto la PGN a los funcionarios electos popularmente, cómo plantea la Procuraduría solucionar la revisión de las sanciones que ha impuesto en el marco de las competencias a los funcionarios elegidos por voto popular, si se levantarán las inhabilidades que han surgido y qué pasará con las suspensiones provisionales en el marco de investigaciones disciplinarias.
