La Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado trabajan en la construcción de los instrumentos necesarios para que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de senador Gustavo Petro contra el Estado colombiano no le abra las puertas a los corruptos.
Esto luego de una reunión sostenida entre el procurador Fernando Carrillo Flórez, el director de la Agencia Camilo Gómez Alzate, la viceprocuradora Adriana Herrera Beltrán, y el delegado para la Conciliación Administrativa Iván Darío Gómez con el fin de definir una hoja de ruta 'que le cierre la puerta a los corruptos y a la impunidad'.
Según contó la Procuraduría, iniciaron el análisis de los efectos que tendría la decisión de la Corte IDH sobre los procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular comprometidos con la desviación de recursos públicos, afectación a los derechos fundamentales y obstrucción a la justicia.
'Entre las estrategias que se exploran están la revisión de los instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el control de convencionalidad frente a otros tratados suscritos por Colombia', indicó el Ministerio Público.
Además, expuso que expertos internacionalistas 'han considerado que la Corte IDH exige una serie de reformas a las facultades de la Procuraduría haciendo caso omiso de la tradición constitucional y de la jurisprudencia colombianas'.
Por ello, entre los temas que estudian el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica están los mecanismos que le dan prevalencia a los principios del derecho internacional que la Corte Constitucional ha determinado como vinculantes en Colombia para los tratados internacionales.
