La Contraloría General de la República (CGR) adelantó un estudio orientado a analizar el estado de los recursos públicos de las entidades en liquidación con corte a diciembre de 2019, que arroja varias conclusiones sobre estos procesos, empezando porque al finalizar 2019 involucraban un total de activos por $2,26 billones para el pago de acreencias y, en muchos casos, se están llevando hasta dos décadas para llegar a su fin.
El tiempo promedio de duración de las liquidaciones es de 20 años, lo cual para el organismo de control podría estar afectando el cumplimiento de los objetivos propuestos en estos procesos, ocasionando un incremento en los costos asociados a los mismos y demoras en el pago de las acreencias.
También son largos tiempos que se toman los liquidadores para finiquitar el proceso liquidatario correspondiente, lo que lleva a que la duración total de los mismos supere, en algunos casos, los 20 años. Un caso que merece especial atención es el de la Caja Agraria cuyo proceso liquidatario supera los 27 años.
Estos son algunas de las principales conclusiones del estudio, adelantado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras.
