El procurador general, Fernando Carrillo, insistió en la posibilidad de presentar una demanda de interpretación para la claridad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ante el fallo del tribunal internacional en el caso del senador Gustavo Petro vs Colombia.
'Esta posibilidad es una solicitud respetuosa para la clarificación de determinados temas relacionados con la sentencia. No es un recurso, pero es la instancia para decir aquí hay dos o tres temas que nos preocupan en función del desarrollo institucional de Colombia y queremos una clarificación', explicó el procurador durante una sesión ordinaria remota en la Comisión Primera del Senado.
El jefe del Ministerio Público refirió que esta iniciativa la respalda la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.
La Corte IDH, que falló en favor de Petro, ordenó al Estado colombiano adecuar, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno en lo relacionado a asuntos como sanciones a funcionarios de elección popular.
La sentencia explica que una sanción de inhabilitación o destitución contra un funcionario electo democráticamente, que se produzca por vía de autoridad administrativa y no por condena, por juez competente, en proceso penal, es contraria a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
'El Estado incumplió con sus obligaciones (ante la convención Americana), por la existencia y aplicación de las normas del Código Disciplinario Único que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios públicos democráticamente electos, como fue el caso del señor Petro', explica el fallo.
Ante las reacciones a las que ha habido lugar tras esta decisión del alto tribunal internacional se ha hablado de una reforma constitucional para tal fin. No obstante, para el procurador, la sentencia es clara en no requerirla.
'Si ya en su sabiduría el Congreso decide presentar una reforma constitucional, ese es otro asunto; pero que se derive la necesidad de una reforma precisamente del fallo de la Corte IDH no lo creo, porque lo dice la misma Corte. Reconoció que el Consejo de Estado ha realizado siempre un control de proporcionalidad', indicó Carrillo.
De hecho, anotó que en la misma sentencia, en el artículo 117, se señala que las interpretaciones de la Corte colombiana no constituye un riesgo para el ejercicio de los derechos políticos. 'Es decir, le da un margen clarísimo de autoridad a las decisiones de la Corte Constitucional'.
Pese a lo anterior, sí estuvo de acuerdo en el fortalecimiento del sistema de garantías, tanto para el derecho disciplinario como para el penal.
'Hay que encontrar fórmulas para que los funcionarios públicos, independientemente de su origen, reciban sanciones, de otro modo estaremos volviendo a temas de impunidad', manifestó el jefe del Ministerio Público.
Hizo énfasis en no criminalizar el derecho disciplinario, sino a hacer una reflexión del futuro de los órganos de control en el marco de las decisiones que se van a tomar.
'Hay alternativas que podemos explorar, trabajar esto desde lo académico es una buena opción, la posibilidad de constituir una subcomisión que nos permita acabar de mirar los aspectos y coordenadas, poder presentar una pieza legislativa que nos permita acatar el fallo', enumeró.
De acuerdo con lo anterior, el procurador concluyó que es necesario que continúen los controles previos y recordó al Congreso que la Corte IDH dio un plazo razonable de un año para esa transición normativa, evitando un caos jurídico.
En este mismo sentido, Camilo Gómez, presidente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, afirmó: ''Indudablemente deben realizarse ajustes legales, sin embargo deben ser las menos posible para no alterar el ordenamiento jurídico'.
El contralor general, Felipe Córdoba, apuntó: 'Como medidas fiscales se genera la inclusión de los sancionados a una lista, la cuál había sido declarada acorde a la Convención por la Corte Constitucional, por ello pedimos al Estado solicite aclaración del fallo'.
En el debate en la Comisión Primera del Senado también intervino el Consejo Nacional Electoral. Según Hernán Penagos, presidente de esta corporación, se deben realizar ajustes normativos respecto de quienes se postulan para ser electos. 'El CNE requiere nuevas reglas dado que el próximo año inicia el calendario electoral', precisó.
Por su parte, el senador Gustavo Petro, quien es contraparte del proceso, ha insistido en que ante conductas como la corrupción no debería responderse con sanciones disciplinarias sino con el Código Penal.
'La corrupción es un delito, no un hecho disciplinable, se debe fortalecer tanto a la Fiscalía como a la Justicia', expresó.
A su vez, el senador Armando Benedetti indicó: 'El fallo de la Corte IDH contiene temas que se dejan a la interpretación, por ello es importante realizar ajustes normativos y establecer reglas para que no haya cabida a ello'.
