Colombia inicia una nueva semana agitada por el tsunami de opinión y confusión que causó la declaración de los exjefes de las extintas FARC en la que reconocen el homicidio del excandidato presidencial y líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.
El reconocimiento a través de una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, desató una ola de cuestionamientos por parte de la propia familia del dirigente asesinado hace 25 años y de distintos sectores políticos y del propio Gobierno nacional que no creen en la versión de los exguerrilleros cobijados bajo la jurisdicción especial creada al amparo del acuerdo de paz de 2016.
Para otros, en buena hora los exintegrantes del secretariado decidieron ofrecer verdad sobre el magnicidio de Gómez Hurtado y de otros cinco homicidios: el del ex consejero de paz Jesús Bejarano, el ex ministro de Defensa general (r) Fernando Landázabal, el ex representante a la Cámara Pablo Guarín y los comandantes de las FARC Hernando Pizarro Leongómez (hermano de Carlos Pizarro) y José Fedor Rey, alias Javier Delgado.
La familia del desaparecido dirigente político, especialmente su hijo Mauricio Gómez, cree que el anuncio obedece a una estrategia y un montaje para desviar y exonerar las responsabilidades de los involucrados en el que para ellos es un crimen de Estado, al referirse al expresidente Ernesto Samper y al exministro Horacio Serpa, quienes siempre han estado en el ojo del huracán señalados por la familia Gómez como los responsables del crimen.
¿Choque de competencias?
Una vez la JEP anunció este sábado que su Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad dio trámite a la carta en la que los ex-FARC asumen la responsabilidad de 6 homicidios, incluido el declarado en 2017 como crimen de lesa humanidad por la Fiscalía, el de Álvaro Gómez, se activó la polémica por la jurisdicción que continuará con las investigaciones por el hecho. Si la Fiscalía, que había llamado a declarar el viernes a varias figuras políticas y excapos del narcotráfico, o la JEP, que tiene bajo su competencia los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.
El abogado de la familia del excandidato presidencial asesinado en 1995, Enrique Gómez, quien además es su sobrino, señaló que acudirán a todos los recursos jurídicos necesarios, en Colombia y a nivel internacional, para que sea el ente acusador quien siga adelante con la investigación y no la JEP.
'No demos por hecho ni que lo que las FARC dice es verdad, ni que efectivamente ese homicidio pueda vincularse al objeto de conocimiento de la JEP, y pues claramente solicitaremos dentro de la misma Fiscalía, en el marco de lo que se conoce como un incidente de conflicto de competencias, que decidan las cabezas pertinentes de la jurisdicción que en este caso, pensaría yo, es la Corte Suprema de Justicia', afirmó a Noticias Caracol.
No obstante, pese a la advertencia de la familia Gómez, las dos jurisdicciones no son excluyentes, y por el contrario cada una seguirá adelante con sus labores de investigación correspondientes a sus funciones.
De hecho, la Fiscalía citó el pasado viernes a declarar por el magnicidio a la exsenadora Piedad Córdoba, quien justamente fue la primera en alborotar el avispero político en el país tras el supuesto atentado contra sus escoltas, cuando declaró el pasado jueves conocer quién había asesinado a Álvaro Gómez y que acudiría a la Comisión de la Verdad.
Así mismo, la Fiscalía llamó a declarar al ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón y a varios exmiembros del cartel de Cali y del Norte del Valle, entre ellos Fernando Henao Montoya y los hermanos Miguel Ángel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Lo cierto es que por tratarse de un delito cometido en el marco del conflicto armado, la JEP tiene la competencia también para asumir la investigación y vincular formalmente al caso a terceros que decidan someterse voluntariamente a la jurisdicción especial.
A esto hay que sumarle que en caso de ser vinculados a la investigación, Ernesto Samper, por su fuero de expresidente, estaría bajo la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara; en tanto que Horacio Serpa como exministro sería investigado por la Fiscalía.
El curso de las investigaciones y de los hechos determinará si finalmente el país conocerá la verdad sobre quién o quiénes mataron u ordenaron la muerte de Álvaro Gómez Hurtado.
Sin denuncias relacionadas
Exfiscales que tuvieron a cargo la investigación sobre el magnicidio de Álvaro Gómez, como Alfonso Valdivieso, Luis Camilo Osorio y Guillermo Mendoza Diago, coinciden en que siempre se manejaron diversas hipótesis, pero nunca se denunció, se relaciónó o se investigó participación alguna de la guerrilla de las Farc.
