Luego de que el antiguo secretariado de las Farc enviara una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyéndose el magnicidio del expolítico conservador Álvaro Gómez Hurtado, un abanico de reacciones han puesto en tela de juicio tales declaraciones.
Varios exfiscales que llevaron el caso coinciden en que las Farc no aparecieron como hipótesis en la investigación que lleva cerca de 25 años.
De hecho, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que tiene argumentos para que el caso no se traslade a la justicia especial.
'Tenemos los argumentos y toda la capacidad técnica, jurídica y legal para que (el caso) no se vaya a la JEP porque es un caso de lesa humanidad y no se ha comprobado que haya participación de personas que estén relacionadas con el conflicto armado. Por tanto, no debe irse para la JEP', le dijo una fuente de la Fiscalía a EL HERALDO.
Así mismo, el ente investigador ratificó que los más de 30 fiscales que estudian el caso continuarán con las líneas de investigación que tenían y se mantienen las citaciones de ocho testigos.
Entre las personas que la Fiscalía citó están la exsenadora Piedad Córdoba y el exalcalde Luis Eduardo Garzón. Así mismo, citó a Fernando Henao Montoya, exmiembro del Cartel del Norte del Valle, y a los exmiembros del Cartel de Cali Guillermo Pallomari, Miguel Ángel Rodríguez, Gilberto Rodríguez Orjuela y Víctor Patiño. También fue citado el excongresista, vinculado al Cartel de La Guajira, Samuel Santander Lopesierra.
Se deberá probar
La sola declaración de las Farc no implica que la investigación del caso automáticamente se traslade a la justicia transicional.
'Debe haber un trámite en varias etapas. La presidenta de la JEP remite la acusación a la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad para que determine si ese acto encaja o no dentro de los actos del conflicto armado y evalúe la potencialidad de esa presunta verdad. Y también envía a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a la cual le tocaría corroborar el alcance de la veracidad de esos hechos y atribuir sus responsabilidad a esos excomandantes de las Farc', explicó el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera.
El jurista añadió que la JEP deberá analizar pruebas que lleguen o recaudarlas para cumplir y, tras toda esta verificación, sí podría discutirse si el proceso se traslada al tribunal de paz.
'Podría, de igual forma, originarse un conflicto si la Fiscalía también dice ser competente y ahí sería la Corte Constitucional la que determine el ente que debe seguir adelantando la investigación', precisó Herrera.
No obstante, aun de probarse que tal atribución es veraz y la JEP decida asumir la investigación, la Fiscalía General no perdería la competencia total del caso.
'En lo que respecta a la responsabilidad de los excomandantes de Farc debería ser conocido por la JEP, pero la justicia ordinaria no deja de tener competencia para investigar, los demás implicados tendrían que seguir en la justicia ordinaria. Bajo ninguna circunstancia sustrae la competencia de las autoridades judiciales para seguir investigando el caso', anotó el profesor de la Universidad del Norte Gabriel Cifuentes.
En el mismo sentido, el abogado Francisco Bernate indicó que en tal caso pueda probarse la atribución de Farc, se llevarían a cabo dos investigaciones de manera paralela.
Cartas de ‘tirofijo’
En medio de los señalamientos que ponen en tela juicio la atribución de las Farc, este lunes se conoció un documento con varias cartas escritas por Iván Marulanda, alias Tirofijo. El politólogo Luis Daniel González publicó en su Twitter una copia de un libro que había sido revelado en 2012 por el exsenador José Obdulio Gaviria, que documentan varias cartas de ‘Tirofijo’.
En una carta del 3 de noviembre 1995, un día después del asesinato de Álvaro Gómez, Marulanda comenta: 'Podemos hacer un intercambio de opiniones con el secretariado para ver hasta cuándo se puede mantener en reserva o en qué momento oportuno podemos decirlo'.
En otra carta, dos días después agrega: 'Lo de la muerte del señor de las ‘Repúblicas independientes’ (como llamaban a Álvaro Gómez) creo que podemos estudiar cuando conviene hacerlo saber. Por ahora que hagan inteligencia a ver si descubren quien fue'.
El 2 de diciembre en otra carta, Marulanda le dice a Alfondo Cano que sobre lo de Gómez es 'mejor no decir nada. Se llegará el día para ello'. Y dos días después, en carta dirigida al secretariado se lee: 'Lo del señor Gómez debemos mantenerlo en secreto, para ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones, mientras bajamos otros. Y entre otras cosas, los Estados mayores de bloques y comandos conjuntos no deben olvidar la creación de comandos para dar de baja a jefes políticos reaccionarios, y así ayudar a profundizar las contradicciones en el régimen político'.
González precisó, en diálogo con EL HERALDO, que no puede hacer afirmaciones sobre quién mató a Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, confirmó que el archivo es válido y es un documento interno de las Farc que validaría la tesis que ellos están aportando. 'De igual forma, hay que esperar qué revelará Farc ante la JEP'.
Cifuentes, por su parte, puso de presente que sigue habiendo un gran interrogante sobre qué elementos de pruebas entregará Farc o de qué manera probará su participación en este delito. 'Hasta el momento todos los fiscales aseguran no haber tenido información de ello, es un reto, porque en 25 años ninguna hipótesis se dirigía a la guerrilla', concluyó.
