El contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, alertó este martes sobre varias anomalías que estarían afectando el sistema de salud en el país. Entre las denuncias dadas a conocer por el funcionario están el recobro exagerado de algunos medicamentos por parte de varias EPS.
De acuerdo con Córdoba, estos exceden hasta en un 8 mil por ciento el precio máximo permitido y quienes estarían concentrando el 60% de la suma de estos recobros por medicamentos no PBS de las cinco principales enfermedades de alto costo, serían tres EPS.
Hay también —dijo el Contralor—concentración de proveedores en el 50% de los recobros, en ese mismo caso.
El Contralor indicó que, aun en medio de los naturales problemas de índole financiero y fiscal que se han afrontado, ha sido muy lento el avance en el saneamiento de la deuda del sector, a través del Acuerdo de Punto Final, pues solo $1,51 billones de pesos de los $6,7 billones proyectados para tal fin han sido efectivamente pagados.
Dijo también que la Contraloría ve con preocupación cómo el giro anticipado de techos o presupuestos máximos para los meses de febrero, marzo y abril de la presente vigencia no se tradujo en el flujo de recursos esperado a los prestadores de servicios de salud, para lo cual se generó el anticipo en mención.
Según precisó, en su ejercicio de Vigilancia y Control fiscal a dichos recursos, la Contraloría ha venido haciendo un seguimiento de manera específica y ha encontrado que algunas EPS no han cumplido con la obligación del Giro Directo a sus prestadores, que hoy llegan apenas al 40%.
En este sentido, anunció que, dentro de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal para el segundo semestre de la presente vigencia, el ente de control contempla auditorías a 28 EPS del sistema, con el fin de establecer las responsabilidades en posibles hallazgos de carácter fiscal.
'No vamos a permitir privilegios ni concentración ilegal de recursos'
El Contralor fue enfático en señalar que la Contraloría General de la República redoblará esfuerzos para que los recursos públicos, orientados y ejecutados en el marco de la pandemia, alcancen la mayor eficiencia y eficacia posible en el propósito de controlar la grave situación de salud que aqueja al país.
'No vamos a permitir privilegios ni concentración ilegal de recursos en manos de aquellos que encuentran en la crisis, no una oportunidad para resolver problemas estructurales, sino para hacer negocios', subrayó.
Tres ejemplos dicientes de exceso en recobro de medicamentos
El Contralor reconoció que el proyecto de regulación de precios de medicamentos ha permitido ahorros cercanos a los $7 billones en el último quinquenio, sin embargo -dijo- hay una alarma:
Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2019, la Contraloría ha constatado medicamentos que exceden hasta en un 8.000% por ciento el precio máximo permitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Tales situaciones son motivo de alerta y de verificación por parte de los equipos auditores que se encuentran en las EPS.
El tablero de control de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría, que permite detectar gastos indebidos, buenas o malas prácticas, riesgos, patrones o tendencias relacionadas con la gestión fiscal, encontró que hay medicamentos cuyos recobros exceden hasta el 8 mil por ciento del precio máximo permitido.
Estos son de 3 los casos detectados por la DIARI:
*DOXOPEG SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 20 mg/10 Ml. Excede presuntamente hasta el 8000% del máximo permitido. Medicamento utilizado en el tratamiento de cáncer de ovario.
*HAEMATE P 500 UI. Excede presuntamente hasta el 6000% del máximo permitido. Medicamento utilizado en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (asociada a la coagulación sanguínea)
*IMMUNATE 1000 FACTOR DE COAGULACIÓN. Excede presuntamente hasta el 3000% del máximo permitido. Medicamento utilizado en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (asociada a la coagulación sanguínea).
Otros problemas a los que se les deben prestar atención
El Contralor Carlos Felipe Córdoba entregó otros datos y cifras de problemas estructurales del sector salud.
Manifestó que a través también del tablero de control administrado por la DIARI, se ha observado las EPS que más han realizado recobros por medicamentos no PBS de las cinco principales enfermedades de alto costo (Artritis, Cáncer, ERC, VIH y Hemofilia). Son: Nueva EPS, Suramericana y Sanitas, por $906.000 millones.
Esa cifra equivale al 60.46% de los recobros girados entre los meses de enero y septiembre de 2019. Y llama la atención que cerca del 50% de los recobros esté representado únicamente por siete 7 proveedores a nivel nacional.
También se observa —dijo— una concentración en los pagos hacia las IPS que tienen vínculos empresariales con la EPS. Esto último evidencia el posible establecimiento de una condición de integración vertical, que se infiere de los giros preferentes en casos como los de Coomeva EPS, Salud Total EPS, Nueva EPS y Famisanar EPS.
'Se ha encontrado, igualmente, que cuatro EPS giran de manera preferente a un proveedor de medicamentos, con lo que se podría estar configurando en el mercado de la salud la presencia de oligopolios en los proveedores'.
Respecto al régimen contributivo, indicó que, entre enero y julio de 2020 se han destinado recursos UPC por valor de $14.73 billones y la Contraloría ha encontrado que las cinco EPS que reciben más recursos por concepto de compensación son Nueva EPS, Suramericana, Sanitas, Salud Total y Famisanar.
En cuanto al régimen subsidiado, —explicó— entre los meses de enero y julio de 2020 se han destinado recursos UPC Liquidación Mensual de Afiliados por valor de $13.54 billones. Las cinco EPS que reciben mayor cantidad de recursos por la Liquidación Mensual de Afiliados son Coosalud, Nueva EPS, Mutual Ser, Emssanar Y Asmetsalud. Estas EPS han recibido en el periodo señalado $6.02 billones, lo que evidencia una concentración cercana al 44%.
El desafío de disponer de más UCI
Para el Contralor Carlos Felipe Córdoba, la problemática del sector salud se ha caracterizado por una gran presión sobre los servicios de salud, que al inicio de la pandemia no tenían una capacidad instalada adecuada, lo cual debe dejar como enseñanza que la inversión en salud y el cuidado de los presupuestos públicos deben ser una prioridad para el país.
Según el Ministerio de Salud Pública, al inicio de la pandemia se contaba con 5.539 camas UCI, cuya capacidad había aumentado gradualmente a 5.845 para abril de 2020, con la perspectiva de llegar a 9.000 en la última fase de implementación de medidas contra la pandemia; sin embargo y a raíz de los esfuerzos por mejorar la capacidad instalada en camas de UCI, a septiembre de 2020, ya se registran alrededor de 10.000 camas UCI instaladas en el país.
En una reunión reciente con el equipo de la Contraloría Delegada de Salud, el Ministerio anunció la ejecución de recursos por más de $280.000 millones para contratar y formalizar personal de atención en la emergencia.
También informó sobre la destinación de $380.000 millones con el propósito de saldar deudas salariales de los hospitales públicos y saneamiento de su nómina.
Pero la Contraloría considera que no existen bases de consulta pública actualizadas en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (RETHUS) ni en el Observatorio de Talento Humano en Salud que permitan realizar un seguimiento fiscal de la ejecución real de estas asignaciones.
