La Jurisdicción Especial para la Paz expresó su preocupación por la no aprobación en el presupuesto 2021 de una partida adicional que había solicitado al Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación de 2021, y que es fundamental para la debida atención y protección a las víctimas, testigos e intervinientes, y para su debida operación.
Los recursos adicionales de inversión que no fueron aprobados ascienden a la suma de $30.014 millones. Esa partida es indispensable para el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales de la Jurisdicción y
El representante de Cambio Radical José Daniel López, presentó una proposición para modificar el artículo 2 del proyecto que consistía en destinar $4.500 millones del presupuesto para su funcionamiento y $30.000 millones para inversión. De estos, $23.000 millones serían directamente para la JEP y $6.300 millones para fortalecer su gestión.
Con una votación apretada, la Cámara decidió tumbar esa proposición y que quedara el artículo tal como venía en la propuesta.
López aseguró que 'la JEP está quedando desfinanciada faltándole el 20% de los recursos de inversión que necesita para su operación el año entrante'.
El mayor afectado es el Programa de Protección de Testigos, Víctimas y Declarantes. Gracias a este programa es posible realizar los informes y tomar bases para el esclarecimiento de la verdad. 'Justicia transicional funciona en la medida que la vida e integridad física de quienes allí declaren esté garantizada', aseguró el representante López en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que el Gobierno no está en contra de la JEP, aunque afirmó que era necesario ajustar el presupuesto de esta justicia.
Entre tanto, el representante a la Cámara por el departamento del Huila, Jaime Felipe Lozada, expresó en Twitter : '¡Ganamos! Negamos la proposición que pretendía incrementar el presupuesto de la JEP en 36.000 millones de pesos'.