El Consejo de Estado resolvió ordenar a la Fiscalía indemnizar con cerca de $700 millones y pedir disculpas al almirante (r) Gabriel Arango Bacci por haberlo retenido durante 18 meses, hace 11 años, en un proceso por supuestos nexos con tráfico de drogas que varias instancias judiciales han señalado como un montaje.
El alto oficial en retiro le dijo a EL HERALDO que recibe la decisión 'con satisfacción, a pesar de que la remuneración que le hacen a uno no es lo que cubre lo que me costó a mí ese proceso que duró 28 meses, de los cuales 18 fui privado de la libertad, pero lo que yo realmente quería demostrar era que yo no tenía nada que ver y que el buen nombre de la institución quedara libre de manchas. Y lo que yo digo es que la dignidad de una persona no se vende'.
Frente a los artífices del proceso espurio en su contra, aseveró Arango Bacci: 'Siempre he criticado la actitud de unos personajes nefastos que tuvo la institución, unos desadaptados como el almirante Barrera y el almirante Echandía, que usaron sus cargos de poder para retirarme de la Armada de una forma inaceptable y desafortunadamente contaron con el aval de un ministro que era Santos en ese momento, una persona descriteriada que aceptó ese tipo de cosas sin mandar a investigar profundamente qué era lo que pasaba'.
Frente a los tres testigos falsos identificados en su contra, el almirante señala que 'a uno lo mataron en Barranquilla, el otro fue condenado hace dos años a ocho años de prisión y el último está desaparecido desde hace cuatro años y nadie responde'.
Acerca de los cuestionamientos que hace Arango contra altos mandos de la Armada de entonces, indica: 'Yo entablé las respectivas denuncias contra el almirante Barrera y otros, y les han cerrado las investigaciones, y ese exvicefiscal Perdomo cerró la investigación, pero eso probablemente están tratando de defender a Santos, que estaba de por medio'.
Sigue el marino retirado, no obstante, exigiendo justicia: 'Lo único que pido es que los responsables de esta patraña en mi contra le respondan al pueblo colombiano'.
Finalmente, manifiesta el almirante en relación con lo que padeció por el complot: 'Son recuerdos muy tristes, pero ante todo mi lucha ha sido por defender el buen nombre de mi institución, de mi familia, de mis hijos y el mío, por supuesto'.
El fallo
La decisión dispone pedir perdón al oficial retirado de la Armada 'por la detención injusta de la que fue objeto' que, agrega, 'provocó en este caso una afectación al buen nombre y a la dignidad del demandante Gabriel Ernesto Arango Bacci, de suerte que se torna en una afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados'.
El fallo deja en claro además que 'la circunstancia de que el señor Gabriel Ernesto Arango Bacci, para la época en que se desempeñó como comandante del comando de San Andrés, permitió el paso de lanchas 'go fast' cargadas de narcóticos al ordenar movilizar la fragata ARC Almirante Padilla, se trató de una presunta implicación que no fue corroborada para el momento en que se impuso la medida de aseguramiento y, por lo tanto, no podía considerarse como un indicio de responsabilidad. Es preciso advertir que dicha situación fue desestimada en el juicio oral, con ocasión de un dictamen pericial ordenado por la Fiscalía General de la Nación en el que se concluyó que Arango Bacci actuó como correspondía, teniendo en cuenta que recibió una información equivocada y errónea'.
La demanda que se acaba de resolver fue interpuesta por el almirante (r) en 2011 por $7.700 millones, luego de no llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
El alto oficial retirado presentó el recurso por las 'falsas acusaciones y pruebas ficticias' que se orquestaron en la investigación que se le abrió por el inexistente tráfico de drogas en el mar Caribe.
El marino interpuso la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.
La Fiscalía, por su parte, le ofreció en el proceso de conciliación una suma de $670 millones.
Arango Bacci fue pasado a retiro a mediados del 2007 y detenido en junio del 2008 por orden de la Fiscalía por esos supuestos nexos con el narcotráfico. No obstante, en diciembre de 2009, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, por dudas respecto de los cargos y las pruebas en contra del oficial.
En 2014, el Tribunal Superior de Cundinamarca consideró que la medida de aseguramiento 'cumplió con los requisitos prescritos por la Ley'.
No obstante, la defensa del barranquillero, en cabeza de Jaime Granados, anunció que apelaría la decisión, entre otras cosas, porque para el delegado de la Procuraduría sí hubo errores en la actuación del organismo acusador.
