Diversas reacciones ha suscitado el rifirrafe entre el ministro de Salud, Fernando Ruiz, por un lado, y el juez 11 administrativo de oralidad del circuito de Bogotá, Giovanni legro, y el abogado Alberto González Mebarak, por el otro, a raíz del fallo de tutela que ordena reactivar la exigencia de las pruebas PCR a viajeros internacionales que quieran ingresar al país.
Por ahora, Ruiz anunció que impugnará el fallo ya que 'no es viable (cumplirlo) porque tiene efectos económicos y de salud'.
Frente al incidente de desacato que interpuso González luego de que el funcionario pidiera aclaración de la decisión al juez, respondió Ruiz que 'un desacato es una actitud manifiesta de mala voluntad, de negligencia, buscar entorpecer la conciencia o engañar a la justicia y esta no es nuestra situación. La nuestra es la imposibilidad desde el punto de vista sanitario y de defensa de la salud pública'.
Y añadió que una medida de cuarentena a 120 mil personas que viajan cada mes, 'implica efectos en salud mental y tranquilidad pública'.
Epidemiología
Ante la discusión, el epidemiólogo Diego Roselli le dijo a este diario que 'si tuviéramos la prueba perfecta, con un resultado rápido y una confiabilidad buena, sería útil en viajeros nacionales o internacionales media hora, o una cosa así, antes de abordar. Pero el PCR realizado 96 horas antes del viaje sirve poco: una prueba negativa no excluye a una persona infectante, y una positiva puede marcar a alguien que tuvo la infección pero ya la superó, y no la contagia'.
Y agregó el experto que 'la PCR es una excelente prueba para detectar la enfermedad en sujetos sintomáticos, pero no es tan confiable en asintomáticos o presintomáticos (los que están incubando la infección), y estos son precisamente los que viajarían en un avión. Igual, los países con un bajo número de casos podrían tener una justificación en tratar de evitar la llegada de casos extranjeros. En la fase de la pandemia en la que estamos en Colombia, no lo veo justificado'.
Lo jurídico
El penalista Óscar Sierra advirtió en este medio que 'por la importancia de los temas que se discuten en una acción de tutela, que son derechos fundamentales, los fallos de primera instancia son de inmediato cumplimiento. El Gobierno puede impugnar para que el superior del juez revoque, pero mientras tanto debe cumplir la orden.
Añade que, no obstante, 'el Gobierno ha dicho que le resulta imposible cumplir con dicha orden, y es un principio del derecho que ‘nadie está obligado a lo imposible’, lo que no constituye un desacato'.
Finalmente, el jurista explica que el lío deberá resolverse en un incidente de desacato, 'en el que el accionante tendría que informar al juez que el Gobierno se rehúsa dolosamente (con intención) a cumplir su orden y el juez deberá escuchar las razones que alude el Gobierno, y si el juez concluye que su orden no se está cumpliendo dolosamente y pudiendo hacerlo, puede sancionar incluso con arresto al ministro'.
