Las cartas están colocadas sobre la mesa. La antigua guerrilla de las Farc deberá responder por los secuestros y otros crímenes de guerra ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), que arrancó con el proceso de imputación contra los últimos ocho jefes por esos delitos. La inédita decisión era esperada en Colombia por miles de víctimas desde hacía décadas.
Pero a raíz del anuncio surgieron varias dudas que se han generalizado en la sociedad. ¿Qué pasará con los imputados que hoy ostentan y ejercen una vida política? ¿Podrán continuar con esas actividades en el Congreso de la República?
La JEP realizó la presentación del la acusación, el jueves, a Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, y los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera (murió el 27 de enero de este año), Pastor Alape y Rodrigo Granda.
Las penas de cada uno dependen de los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado, es decir que las responsabilidades serán individuales.
Frente a las interrogantes, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la JEP indicó el Tribunal es quien determinará si las sanciones que se les impondrá a los exjefes de las Farc es o no compatible con el ejercicio de la función legislativa por parte de algunos miembros que en este momento ocupan curules en el Senado de la República.
'Las sanciones privativas de la libertad como tales son naturalmente incompatibles con el ejercicio de la función política; sin embargo, las resoluciones propias podría ser compatible y eso no tiene que determinar el Tribunal cuando dicte la sentencia correspondiente', señaló el presidente de la JEP.
Señaló el magistrado que, en términos generales, es importante destacar que el acuerdo busca 'poner fin a la violencia política' y evitar que nunca más un grupo armado pretenda tomar el poder político por la vía de las armas.
'En este caso las Farc dejar las armas se someten a la justicia en el Estado colombiano, que es la que brinda la JEP con miras a que su promesa de cambio revolucionario se pueda hacer a través de la democracia. La participación política siempre será importante y relevante, pero para los efectos en efectos sancionatorios sería el juez el que tome la determinación, pero el sentido de esta paz es dejar las armas para acudir a la democracia', detalló el magistrado Cifuentes Muñoz.
