La Fiscalía informó este martes en un comunicado que el juez 10 penal del circuito de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio y ordenó captura inmediata contra el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por el escándalo del ‘Cartel de la Toga’.
'El exfuncionario intercedió para direccionar decisiones judiciales a cambio de dinero', reportó el ente investigador.
Leer más: Evalúan acción judicial para regreso de Ricaurte a la cárcel
La Fiscalía afirmó que demostró en juicio que el exmagistrado, junto a algunos funcionarios judiciales y un grupo de abogados, promovió y dirigió una organización criminal que, en al menos tres oportunidades, recibió dádivas para interceder en el curso de procesos penales contra aforados constitucionales.
Ricaurte fue condenado por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo; utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias.
'La Fiscalía estableció que, en la red de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno era el encargado de recibir los dineros de los procesados que él contactaba. En cada caso, la suma era distribuida entre el exmagistrado Ricaurte Gómez y otras personas, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones e intentar favorecer a los aforados que pagaron', se lee en el boletín.
Agregó la entidad de investigación penal que dos de los eventos acreditados como criminales están relacionados con procesos que se seguían en el despacho del también ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández. En uno, el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo habría entregado $1.200 millones para dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares. Aquí Ricaurte Gómez recibió $400 millones.
En el otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó $2.000 millones para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le correspondieron $250 y $290 millones.
Y un tercer caso, indica la información, está relacionado con $30 millones que, al parecer, dio el exgobernador de Valle de Cauca, Juan Carlos Abadía, para presuntamente dilatar un proceso por corrupción.
Le puede interesar: Cartel de la toga enfrenta a Jep y Fiscalía
En el fallo, el juez dio credibilidad a los señalamientos de Moreno y calificó el denominado ‘Cartel de la Toga’ como una organización criminal: 'Comienza a perfilarse aquello que denominó Luis Gustavo Moreno como una organización criminal, y como se trata de valorar el testimonio de Moreno, no ve esta judicatura que dentro del acervo probatorio haya alguna prueba que desvirtúe o haga inverosímiles o no creíbles las aseveraciones que hizo Moreno. (...) Es una organización no solo criminal. (...) Ricaurte y Bustos corrompieron a los demás funcionarios como Camilo Ruiz, Alfredo Bettín y más funcionarios porque los tenían al servicio de los intereses personales no solo de los intereses de corrupción si no de cualquier tipo de aspiración y favorecerse con la toga para alcanzar esas aspiraciones'.
Los presuntos integrantes de esta organización criminal, para el togado, fueron los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino y Gustavo Malo; el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz; los exfiscales Luis Gustavo Moreno y Alfredo Bettín, y el abogado Luis Ignacio Lyons.
Para el ente acusador, la corruptela de las altas esferas judiciales funcionó desde 2013 hasta 2017, operando al recibir dinero para favorecer decisiones judiciales. Entre quienes habrían usado los ‘servicios’ criminales del Cartel de la Toga se encuentran los excongresistas Musa Besaile, Álvaro Ashton, Julio Manzur y el ex gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.
'Resulta cierto y probado que Ricaurte y Moreno, integrantes de la organización que data del año 2013, con poder de Juan Carlos Abadía a Moreno, como fachada, con intervención activa de Ricaurte desarrollando el propósito criminal que era favorecer a Abadía para que no se le imputara por un contrato de bibliotecas y archivar dos archivos en su contra que llevaba el fiscal Alfredo Bettín, a quien Ricaurte le prometió mantenerlo en el cargo con el compromiso de orientar los dos archivos a favor de Abadía y evitar imputación', señaló el administrador de justicia.
Lea además: 'Una Corte Suprema con un cartel de la toga a bordo': el polémico trino de Pacho Santos
Añadió el juez en su sentencia que a Ricaurte, como exmagistrado y servidor de la Rama Judicial que fue 'le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional, pues contaba con la ilustración y suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal. Por ello es susceptible del reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral'.
Entre las delaciones que tuvieron en cuenta la Fiscalía y el despacho se encuentran las del exfiscal Moreno, quien narró con detalle cómo en el bufete de abogados de Ricaurte, en el norte de Bogotá, se hacían las negociaciones fraudulentas de la organización criminal. Así mismo, las del exfiscal Bettín, condenado por abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y quien suscribió un preacuerdo con la Fiscalía para declarar contra Ricaurte, Bustos, Malo y Abadía y la corruptela de la toga de la que hizo parte.
El pasado 1 de marzo, la Procuraduría, al igual que la Fiscalía, pidió condenar a Ricaurte Gómez 'por el direccionamiento de procesos judiciales a cambio de dinero'.
El Ministerio Público señaló que 'las pruebas practicadas durante el juicio permitieron concluir más allá de toda duda razonable la responsabilidad del acusado en los hechos objeto de investigación, que consistieron en promover, organizar y dirigir una organización criminal con el fin de cometer delitos indeterminados que afectaron la administración pública'.
