La emergencia sanitaria obligó a que la rama judicial volcara la mayoría de sus servicios a la virtualidad, pero la situación puso en evidencia 'lo poco preparado que se estaba' para implementar modelos tecnológicos que buscarán garantizar a los usuarios el acceso a los servicios que esta ofrece.
Con miras a mejorar esta situación, el Gobierno nacional, a través de un documento Conpes, avaló un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que permitirá poner en marcha la primera fase del proyecto de la transformación digital de la justicia, para alcanzar más eficiencia en el desempeño de la rama judicial.
Pero para llegar a la aprobación del crédito todos los actores de la rama (altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura y Ministerio de Justicia) tuvieron que diseñar una estrategia cuyas bases fueron: el fortalecimiento institucional; los servicios digitales y la tecnología de justicia; y la cultura digital.
Fue así como fruto de diferentes misiones de exploración del crédito, el BID acordó la entrega del plan de operaciones del crédito-proyecto para la transformación digital de la justicia en el país.
Así las cosas, la banca multilateral finalizó el proceso de aprobación de una primera operación por USD 100 millones para 4 años, como parte de una línea de crédito hasta de USD 500 millones en un horizonte de 12 años.
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El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, afirmó que la operación del crédito condicional permite 'dotar de una visión de largo plazo, necesaria en proyectos de transformación de gran alcance, sin comprometer de manera previa las fases subsiguientes'.
El ministro detalló que el 95% del crédito estará destinado a la rama judicial, teniendo al Consejo Superior de la Judicatura como unidad ejecutora. El restante, el 5%, irá para las entidades del Ejecutivo que cumplen funciones jurisprudenciales y tendrá al Ministerio de Justicia y del Derecho como ejecutor.
El Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia contarán con el apoyo de una Unidad Ejecutora cuyo equipo estará compuesto como mínimo por un gerente del programa, un especialista en adquisiciones, en planeación, monitoreo y evaluación, así como de un especialista financiero, y de gestión de información y tecnologías de la información.
Todos estarán enfocados en la modernización de la justicia con la que se estima que los ciudadanos se ahorren, en promedio, $120.000 por proceso, unos $33.600 millones al año.
Otro avance significativo que se espera lograr es que en cuatro años el número de procesos que contarán con notificaciones digitales pasará de 140.000 a 1.120.000, cada año.
