Esta semana ha habido una verdadera maratón de aprobación de proyectos en el Congreso, debido a que el próximo 20 de junio se acaban las sesiones ordinarias de la presente legislatura.
Uno de los proyectos claves y que más polémica ha suscitado es el de la reforma al Código Disciplinario, de la autoría de la procuradora Margarita Cabello.
Lo que trae el articulado es que el Ministerio Público tendrá dos años y medio para evacuar 10 mil procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular, mediante procesos en que un procurador investigará y otro juzgará, y además el sancionado tendrá la posibilidad de que su proceso sea revisado por una instancia diferente al que la emitió. Para esto, se crea una sala de juzgamiento que contará con funcionarios elegidos por mérito para un periodo de dos años, prorrogables por otros dos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, al echar para atrás la destitución del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, dispuso al Estado a reformar la manera en que estaban sancionando disciplinariamente a los funcionarios de elección popular y por ello se emprendió esta iniciativa.
No obstante, para el hoy senador Petro, de la Colombia Humana, 'lo que hizo el Congreso fue desacatar la sentencia de la Corte IDH'. Esto porque, según afirma, lo que dispuso el fallo es que deben ser los jueces penales quienes destituyan a funcionarios de elección popular, por lo que pidió 'a los abogados demócratas iniciar las acciones por desacato a la justicia contra los miembros del Congreso y la procuradora, y las acciones de repetición pertinentes'.
