'Mi papá también era un ‘falso positivo’ del Ejército Nacional'. Así, tan difícil como suena y con todo el peso, el dolor y la dura realidad que esa frase conlleva, Laura Piña tuvo que aceptar, a sus 14 años, que su padre había dejado de ser un colombiano común, pintor y taxista en Barranquilla, para hacer parte de la cifra de personas ejecutadas extrajudicialmente y presentadas como bajas en combate por militares del Batallón La Popa en Valledupar.
Tras ocho meses de una búsqueda incansable, desde su desaparición, el 1 de marzo de 2005, el cuerpo de Álvaro Adolfo Piña Londoño, su padre, había sido hallado en la capital del Cesar, sepultado como un nomen nescio (N.N), que en español puede interpretarse como ningún nombre, y reportado por soldados como un miembro de un grupo armado ilegal y muerto en combate.
'Por medios locales tuvimos un indicio de que mi padre podría estar enterrado como un N.N, el cotejo de huellas verificó que ese cuerpo era mi papá; un colombiano promedio, de esos que leen cuentos a sus hijas, que no tenía ninguna relación directa con el conflicto armado. Fue entonces cuando lo supimos: mi papá era un ‘falso positivo’', relató la mujer a EL HERALDO.
Álvaro Piña, reconocido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como una de las 127 ejecuciones extrajudiciales por las cuales el pasado jueves, a través del Auto 128 de 2021, fueron imputado 15 militares que hicieron parte del Batallón de Artillería No.2 La Popa (BAPOP), entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, dentro del subcaso Costa Caribe, una de las seis zonas priorizadas del caso 03, denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.
