Seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), adscritos a la cárcel San Sebastián de Ternera, de Cartagena, fueron capturados por miembros del Gaula y Sipol de la Policía, señalados de integrar una estructura criminal que delinquía al interior del establecimiento de reclusión, en complicidad con varios presos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los inspectores John Jairo Palacios y Edwin Munar Garzón, así como los dragoneantes Vanessa Polanco Basanta, Miller Alberto Prieto Luna, Carlos Álvarez Lozano y Jairo Romero Payares habrían aprovechado sus funciones para desarrollar el supuesto accionar delictivo, manteniendo controlados a los internos y a los otros guardas del penal.
La investigación permitió establecer al ente investigador que los llamados jefes de patio, de los patios 2 y 6, que harían parte de la banda delictiva, eran quienes obligaban a otros internos a pagar cuotas semanales de $10.000 o $20.000, las cuales eran entregadas los domingos al personal del Inpec que ejercía la vigilancia, con el fin de que les permitieran el ingreso de licor, estupefacientes, teléfonos celulares y armas.
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Según lo establecido, los reclusos que no pagaban eran reportados ante los servidores públicos, quienes presuntamente los sometían a malos tratos, les prohibían las visitas y les ocasionaban agresiones físicas.
Tales acciones, informó la Fiscalía, también eran replicadas por los internos, por lo que las víctimas eran intimidadas con frecuencia. Igualmente se evidenció que algunos de los procesados cobrarían dinero a los internos para devolverles los elementos decomisados, tras las requisas que hacían en las celdas o calabozos, donde los guardias incautaban teléfonos celulares, cargadores, tarjetas sim card, armas y estupefacientes.
Aunque varios de los investigados fueron trasladados a Montería y Sincelejo, se conoció, mediante la interceptación de comunicaciones, las presuntas irregularidades cometidas en el centro penitenciario de Cartagena, pues se evidenciaron conversaciones con otros funcionarios del Inpec y con la población carcelaria.
Un juez de control de garantías de Cartagena cobijó con detención domiciliaria a los seis funcionarios del Inpec, medida que fue apelada por la Fiscalía General de la Nación.
