Este jueves 19 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió enviar el expediente del exsenador Richard Aguilar a la Fiscalía General de la Nación al considerar que luego de la renuncia de Aguilar, esa corporación perdió competencia para seguir conociendo del caso.
Son varios los delitos por los que se investiga a Richard Aguilar. Por una parte, se le investiga como autor del delito de interés indebido en la celebración de contratos, por otra parte, se le investiga como coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros. Finalmente, se le investiga por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En el país se ha desatado una gran oleada de críticas en contra de quienes renuncian a los cargos que ocupan una vez son investigados por la Corte Suprema de Justicia para lograr ser investigados por la Fiscalía General de la Nación. En el común de la ciudadanía se suele comentar que una vez el proceso llega a las manos del ente investigador se tienen mayores oportunidades de salir impune.
El cambio de competencia implica varios efectos jurídicos que deben analizarse con lupa para entender qué puede venir ahora dentro del proceso. Es por esto que este medio de comunicación se comunicó con el abogado penalista Oscar Sierra Fajardo, miembros del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, para conocer un poco más sobre este caso.
¿Qué implica que ahora sea la Fiscalía General de la Nación la que conoce del caso del ex senador Richard Aguilar?
Como sabemos el caso estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia toda vez que, al ser senador, Richard Aguilar tenía la calidad de aforado por lo que era esa corporación la encargada de investigarlo y juzgarlo. Sin embargo, con su renuncia, la Corte luego de un estudio concluyó que los hechos por los que se le investiga no tienen relación alguna con su calidad de senador. Con esto, el proceso debe pasar a las manos de la Fiscalía General de la Nación que es la encargada de investigar a todas las personas que no sean aforadas.
Corte Suprema envía investigación de Richard Aguilar a la Fiscalía
El hecho que ahora sea la Fiscalía la encargada de investigar al exsenador implica en realidad un cambio de ley procedimental. Mientras en la Corte el proceso se lleva por la ley 600 del 2000, ahora en la Fiscalía el proceso se llevará a través de la ley 906 de 2004. Son varias las diferencias que existen entre estas dos leyes. Sin embargo, podemos resaltar una diferencia: en la ley 906 el proceso es público, lo que genera que toda la ciudanía conozca de primera mano lo que está sucediendo dentro del caso.
¿Cree que es correcta la decisión de la Corte de enviar el proceso a la Fiscalía General de la Nación?
La Corte Suprema de Justicia ha sido consistente en su jurisprudencia al decir que cuando se le esté investigando por hechos que no tengan que ver con su calidad de aforado, el proceso debe pasar a la Fiscalía General de la Nación.
Al exsenador Aguilar se le está investigando por hechos relacionados a su cargo de gobernador de Santander con lo que fácilmente se puede decir que estos no tienen nada que ver con su calidad de senador. Con todo, se puede decir que la decisión de la Corte es acertada, el proceso lo debe llevar la Fiscalía.
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¿Qué opina de que se diga que quienes son investigados por la Corte renuncian para conseguir impunidad en la Fiscalía?
El problema en estos casos no es el hecho de que sea la Fiscalía sea quien investigue a estas personas. El problema está en el desprestigio en el que se encuentra en este momento el ente acusador. Por una parte, son varios los escándalos que rodean a la Fiscalía y por otra parte el ente investigador ha demostrado ser bastante negligente en el desarrollo de los procesos.
En mi opinión personal me niego a creer que el hecho de ser investigados por la Fiscalía sea sinónimo de impunidad. Lo digo por dos razones en específico. La primera es que al ex senador Aguilar, al igual que a todas las personas, se le presume su inocencia por lo que en este momento no podemos hablar de impunidad. Lo segundo es que el proceso continuará y si la Fiscalía no logra probar su culpabilidad, la inocencia de este deberá permanecer incólume.
