La Fiscalía General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional y peritos del CTI lograron la captura y posterior judicialización de 20 personas que estarían involucradas en el lavado de activos por cerca de 1,3 billones de pesos.
La investigación constató que la estructura ilegal, al parecer, contactó a mineros con poca capacidad económica y que no tenían la infraestructura para la extracción de oro, y les ofrecieron el servicio de comercialización.
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