En respuesta al informe títulado 'El Paro Nacional 2021: Lecciones Aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia' en el que se atribuyen 28 muertes ocurridas en el marco de las protestas a los abusos de autoridad, la Cancillería respondió a la ONU a través de un comunicado y aseguró que recibe con el mayor sentido de responsabilidad el documento reiterando el respaldo al derecho a la reunión pacífica y condenando cualquier violación de derechos humanos que se haya presentado en casos individuales.
'Duelen cada una de estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación. A su vez y coherente con su posición de respeto y garantía de los derechos humanos, el Estado está llamado a desplegar todas las acciones necesarias para proteger a su población, por lo que rechaza todo acto violento que desnaturaliza el ejercicio pacífico de la protesta y que pone en riesgo la vida, integridad y libertad de nuestros ciudadanos, así como la estabilidad económica e institucional de nuestro país', expresó el Gobierno.
