Hallazgos fiscales por más de $692 millones detectó la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización que realizó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Estos hallazgos darán inicio a procesos de responsabilidad fiscal, derivados de una gestión inadecuada por esta suma (exactamente $692,7 millones), producto de giros desde la UARIV hacia operadores bancarios, de recursos a beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha de la transferencia.
La Contraloría advirtió también un inadecuado control sobre pagos realizados por operadores bancarios a beneficiarios fallecidos con posterioridad a los traslados de recursos desde la UARIV.
Además, los operadores bancarios no reconocen pagos sobre giros realizados por la UARIV en los casos señalados en el informe.
El ente de control añadió además que se encontraron graves falencias en los procesos de verificación de identidades de los beneficiarios. Esta última situación causa discrepancias entre los nombres y números de cédula de los beneficiarios de los giros con los datos de las víctimas.
