El Consejo de Estado negó una solicitud de medidas cautelares, que buscaba que el Gobierno entregara evidencias que indicaran que el Galeón San José no ha sido objeto de saqueos u otro tipo de perjuicios.
La solicitud alegaba la afectación de los derechos colectivos que se estaría gestando por la ejecución de la Alianza Público-Privada que busca asegurar la extracción del contenido de la embarcación.
En ese sentido, la Veeduría del Patrimonio Cultural pidió que el contenido del galeón, el cual se dice transportaba gran cantidad de monedas de oro producto de las expediciones realizadas por misiones de la corona española en América y que se habría hundido en altamar, fuera acreditado por la vicepresidencia.
Sin embargo, el Consejo de Estado negó nuevamente la petición de medida cautelar porque no se vislumbra un perjuicio irremediable frente a los derechos colectivos en disputa.
Para el alto tribunal no se acreditó que el Ministerio de Cultura y demás entidades nacionales demandadas hubieran omitido sus deberes para preservar el contenido de la embarcación sumergida.
No obstante, la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia presentó un recurso de reposición.
