Fuentes de la Contraloría le dijeron a EL HERALDO que en medio de su labor de control especial, tras la caída en la Corte Constitucional de las modificaciones a la Ley de Garantías, el ente de control ha identificado por ahora más de 3.300 convenios interadministrativos por más de $6,5 billones suscritos entre la Nación y los entes territoriales que estarían en veremos, pues fueron suscritos entre el 13 de noviembre de 2021 –cuando entró en vigencia la norma– y el pasado jueves –cuando se emitió el comunicado oficial de la corporación–.
La mayoría de estos convenios han sido suscritos en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Nariño, Valle del Cauca y Amazonas.
Esto porque el alto tribunal, en su providencia, tumbó el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, es decir, la Ley de Presupuesto 2022, y estableció que los convenios cuyos objetos se hubieran ejecutado completamente al momento de informarse la norma se mantendrán, pero no es posible suscribirlos en adelante.
Además, los suscritos que no se hayan ejecutado completamente deberán terminarse y liquidarse 'sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar', así como deberán liquidarse los contratos estatales financiados con fundamento en los convenios en cuestión, exceptuándose los contratos en curso dirigidos a atender las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda.
