Las organizaciones criminales no desafían un gobierno: desafían un Estado. Y por consiguiente es el Estado quien debe enfrentarlas sin titubeos y sin contemplación. La obligación del Estado es garantizar la integridad y la vida de los ciudadanos y de igual manera someter a los criminales que pretenden imponer su voluntad a sangre y fuego. No hay punto medio.
En el caso colombiano, todas las organizaciones criminales que han desafiado al Estado han fracasado en su intento. Ninguna ha vencido, ni vencerá, porque el Estado –cualquiera que sea, aún el más débil– siempre será más fuerte que los criminales, por poderosos que estos se consideren.
Pablo Escobar, el demencial jefe máximo del Cartel de Medellín, creyó en medio de su esquizofrenia que podía someter a Colombia a su voluntad y terminó sus días abatido en un tejado de una casa de Medellín, después de una persecución implacable.
