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Este miércoles, la Contraloría culminó anticipadamente el proceso fiscal que avanzaba contra el concesionario Coviandes por el desplome del puente Chirajara que se registró en enero de 2018. Ante esto, el organismo logró un resarcimiento de $90.782 millones de pesos que habían sido pagados a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Cabe mencionar que este concesionario fue quien suministró los recursos públicos a la ANI para la construcción del puente.

En mayo del año pasado, se abrió un proceso fiscal por el colapso de la obra, que dejó a las comunidades aledañas sin el acceso a la estructura.