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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres directivos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por las presuntas faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82,16 % de las acciones de Triple A.

La medida de la Procuraduría cobija al presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín; el vicepresidente jurídico de la SAE, Sebastián Caballero Ortega; vicepresidente de Sociedades de la SAE, Jairo Alonso Bautista, y superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos.

Dentro de este proceso, el Ministerio Público informó que decidió suspender del cargo al presidente de la SAE por un término de tres meses, mientras se desarrollan las indagaciones abiertas en este caso.

Para el ente de control, al parecer, las conductas podrían generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena.

También advierte sobre presuntas irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S.A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la empresa que opera los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla.

El Ministerio Público también vinculó dentro de la investigación disciplinaria al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien al parecer habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE que se suspendiera el cumplimiento del contrato, actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE para que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación, en su comunicado, dice que la medida de suspensión contra el presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín, se produce por la gravedad que objetivamente revelan los hechos materia de investigación, en los términos que precisa la ley y con la finalidad de evitar que se pueda seguir incurriendo en la comisión de las posibles faltas disciplinarias y posiblemente quebrantando el ordenamiento jurídico y afectando el patrimonio público.