Luego de la intensa polémica que se desató en el país por obras, entre ellas un puente y una vía, que disidencias de las Farc, en alianza con el Ejército de Liberación Nacional, entregaron en el Catatumbo el jueves 15 de junio, un día después el ministro de Defensa Iván Velásquez hizo un duro cuestionamiento a las Fuerzas Militares.
'Una organización ilegal inaugurando obras como si fueran gobierno, una presencia inaceptable y la responsabilidad de ustedes, de las Fuerzas Militares, está en que hechos de esa naturaleza no vuelvan a presentarse', afirmó el ministro.
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En ese sentido aseveró que a partir de lo ocurrido 'habrá que replantear el control del territorio y examinar de qué manera la acción, en el cumplimiento de su deber constitucional, impidan que esto vuelva a ocurrir'. El funcionario aprovechó para reitera que los ceses al fuego 'no significan permisión para continuar en la actividad delictivida, como el narcotráfico, desplazamiento forzado(...)'.
Vale mencionar que Andrey Avendaño, comandante del frente 33, aseguró que con estas obras se beneficiarán alrededor de doce comunidades, unas 36 mil personas.
'Tenemos un importante evento, queríamos venir a hacer entrega de algo que nosotros prometimos. Nosotros dimos la palabra, la comunidad no lo pidió y es la carretera que ustedes miran aquí, queríamos demostrar que sí es posible marcar la diferencia, cuando hay determinación y hay entrega', aseguró Avendaño.
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'Quiero enviar un saludo especial a los compañeros del Eln, que hoy están acá acompañándonos. Decirles que los guerrilleros de las Farc son sus hermanos de lucha, sientan en cada uno de los guerrilleros de las Farc un hermano, un hijo, todos los que estamos acá; somos hijos de humildes campesinos, familias catatumberas', agregó.
Por su parte, Diógenes Quintero, representante de la curul de paz del Catatumbo, mostró su preocupación por la falta de presencia del Estado en esta zona.
'La intención del Estado Mayor y del ELN es demostrar el control que ejercen sobre el Catatumbo y la ausencia del Estado. Las comunidades, ante las necesidades históricas y la falta de institucionalidad de control y justicia, quedan fáciles para que un actor irregular haga este tipo de acciones', dijo Quintero
