Tras la realización de las diferentes mesas técnicas realizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los territorios, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se pronunció sobre la propuesta de modificación a la Ley 30 de 1992, la cual busca aumentar la política de gratuidad en la educación superior pública.
De acuerdo con lo manifestado por el funcionario, esta iniciativa es clave especialmente porque jóvenes afectados por el conflicto armado en diferentes regiones del país serían beneficiados.
'Resulta determinante implementar mecanismos, a través del Icetex, que permitan incrementar gradualmente la gratuidad de las matrículas en instituciones de educación superior pública, priorizando a los jóvenes provenientes de contextos en los que han sido vulnerados sus derechos', expresó el defensor del Pueblo.
Asimismo señaló como oportuno estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo previsto para el 2022 al 2026, toda vez que 'nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sufrido la violencia en comunidades, de manera particular, de zonas apartadas de la geografía nacional y donde el abandono estatal ha predominado a lo largo de las décadas, merecen construir futuro con un acceso equitativo a la educación'.
También hizo un llamado al Icetex para que reforme su lógica bancaria sin perder su carácter social. Hizo énfasis además en que es necesario establecer esquemas de financiación que se adecúen a la capacidad de pago de los beneficiarios, ampliando así la cobertura y evitando la exclusión de los estudiantes.
'Nuestro compromiso es trabajar en conjunto con las instituciones competentes y la sociedad civil es determinante para promover políticas públicas que fomenten la gratuidad en la educación superior y garanticen el acceso equitativo a la formación académica para los colombianos', puntualizó Camargo Assis.
