En la resolución del Gobierno en la que se designa al exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de la paz total, el presidente Gustavo Petro pide suspender las medidas judiciales vigentes contra Mancuso Gómez sin perjuicio de la continuidad de su comparecencia ante las salas de Justicia y Paz y ante otras instancias judiciales.
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El documento advierte además en este sentido que el incumplimiento de los compromisos adquiridos dará lugar a la revocatoria de la designación como gestor de paz y, en consecuencia, a la reactivación de las medidas penales ordinarias y las que existan en Justicia y Paz.
Por ahora, la situación actual de Mancuso, preso en el Centro de Detención Stewart, donde hace tres años cumplió su condena, es que espera entrar a la JEP tras su comparecencia en mayo pasado. Pero también pide ser enviado a Italia, donde tiene familiares.
En el año 2004 se entregó a las autoridades colombianas y fue extraditado a los EE. UU. en 2008 para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico y en 2010 fue sentenciado a 15 años de prisión.
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En Colombia tiene dos condenas de ocho años de Justicia y Paz por 4.093 hechos de desplazamiento, desaparición y homicidio, entre otros. Y en una de estas condenas una jueza le concedió en marzo la libertad condicional por cuatro años. Pero la Corte Suprema dijo en 2020 que tenía otro proceso por lavado de activos tras su desmovilización.
En 2021 un tribunal de Barranquilla le dictó medida por 1.087 hechos en Magdalena, Atlántico y Bolívar. Y desde 2019 se han dictado otras nueve decisiones contra el exparamilitar por 4.697 hechos.
Pero la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el pasado 18 de julio la orden de captura con fines de extradición contra el exjefe paramilitar y le llamó la atención a la JEP acerca de lo dicho por el extraditado ante el tribunal de paz.
En el fallo de 26 páginas, Justicia y Paz resuelve los recursos de apelación presentados como subsidiarios de los de reposición por el postulado y su abogado defensor, Nelson Menjura, contra la decisión del pasado 6 de marzo, proferida por el Juzgado Penal del Circuito con función de Ejecución de sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional.
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En este se confirma parte de dicha decisión pero se compulsan copias disciplinarias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que se investigue las presuntas faltas disciplinarias en las que pudo haber incurrido la titular del juzgado de instancia, al momento de revocar las órdenes de captura con fines de extradición libradas al postulado .
Y además se libra comunicación a la JEP 'en el sentido de hacerles ver que algunos de los hechos presentados mediáticamente como novedosos, respecto de las delaciones del postulado en ese sistema de justicia, fueron conocidos por esta jurisdicción e incorporados en las decisiones del 31 de octubre del 2014, y 11 de agosto de 2020, en el que fueron transliteradas las versiones libres que el postulado rindió ante la Fiscalía delegada de la Dirección Nacional de Justicia Transicional'.
Además, hace un par de semanas el fiscal Francisco Barbosa aseguró que Mancuso no necesariamente quedaría libre en caso de que regresara a Colombia.
Barbosa explicó que los gestores de paz que ha nombrado el Gobierno no necesariamente pueden lograr la libertad.
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'Si usted pertenece a organizaciones que no tengan carácter político, que en este caso el señor Mancuso no lo es, ya lo definió la Corte Suprema, tiene que seguir cumpliéndole a la justicia todos sus requerimientos', dijo.
Además, el jefe del ente acusador sostuvo que, aunque la gente diga que se quiere que Mancuso diga la verdad, 'hay 38.626 hechos delictivos que se le han atribuido a Mancuso en los últimos 20 años, y que al mismo tiempo ha dado versiones en la JEP y en la Fiscalía. Cuando dicen que le ayude al país a saber qué pasó, ya existen los mecanismos para saber qué pasó'.
E insistió en que a Mancuso 'lo pueden nombrar como quieran, pero él tiene que seguirle respondiendo a la justicia'. Y añadió que la Fiscalía en los últimos tres años solo le ha imputado al exjefe paramilitar el 52% de los hechos delictivos que ha cometido en el país.
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