La Procuraduría General de la Nación formuló este sábado 26 de agosto cargos contra el exsenador Mario Alberto Castaño Pérez, señalado por el ente de, presuntamente, haber participado en una red dedicada a la celebración indebida de contratos.
De acuerdo con la PGN, Castaño, al parecer, se dedicó a inducir a varios alcaldes para que escogieran a personas afines a su estructura, con la finalidad de celebrar diversos contratos y obtener beneficios económicos para él y terceros.
Según señaló la Sala Disciplinaria de Instrucción, el exparlamentario, por medio de una tercera persona, habría determinado quiénes serían los alcaldes de los municipios de Piendamó y Suárez, en Cauca; de Samaná en Caldas y de Balboa en Risaralda, para intervenir indebidamente en contratos estatales, de forma tal que 'se garantizara su adjudicación, así como el posterior disfrute de los recursos que de ellos obtenían'.
En este mismo sentido, la PGN argumentó que Castaño Pérez 'posiblemente intervino en el amañamiento y direccionamiento de los contratistas del consorcio San Miguel', con lo cual logró apropiarse de, por lo menos, 1.500 millones de pesos.
Respecto a este contrato, el organismo de control aclaró que, si bien fue celebrado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), todo el tiempo estuvo realmente bajo la directriz del grupo liderado por el exparlamentario.
Finalmente, en un tercer caso, la Procuraduría afirmó que el excongresista utilizó a un tercero para hacer creer al Ministerio de Cultura que se iban a destinar 2.000 millones de pesos al desarrollo íntegro de un proyecto, con el objivo de desviar $ 300 mil para él y su cómplice.
El ente de control indicó: 'en los tres casos el funcionario habría irrespetado el ordenamiento normativo y su deber de actuar siempre en defensa de la legalidad y la promoción del bienestar general, a la que estaba obligado por su rol y la representación popular de la que estaba investido'.
Además, estableció que Castaño quebrantó los principios de moralidad e imparcialidad, por lo cual, incurrió en faltas disciplinarias que calificó como 'gravísimas a título de dolo'.
