El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el pasado miércoles en un comunicado que, a través de la resolución número 7485 del 13 de septiembre de 2023, el canciller Álvaro Leyva Durán declaró desierto el proceso de licitación pública No. LP-001-2023, cuyo objeto es 'Suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores'.
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El problema es que el actual contrato vence el próximo 2 de octubre y la pregunta que muchos se hacen es cómo garantizará la Cancillería la expedición de pasaportes desde esa fecha.
Sobre este cuestionamiento, el jefe de la cartera diplomática explicó que mientras surge un nuevo proceso de licitación, el Gobierno Nacional declarará el estado de urgencia manifiesta con el fin de que se siga prestando el servicio de expedición de pasaportes.
Esta figura, contemplada en las normas de contratación estatal para casos de fuerza mayor, se emplea para poder celebrar contrataciones directas temporales sin necesidad de un proceso licitatorio.
'Se da apertura al proceso contractual al que haya lugar de conformidad con las leyes vigentes, que como consecuencia de lo anterior, y mientras se surte el proceso de contratación, se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio', afirmó el canciller.
Función Pública indica que la urgencia manifiesta se puede usar 'cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos'.
En el comunicado, el Ministerio aseveró además que 'con esta decisión se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos a entrar y salir del país, a elegir y ser elegidos, como también los derechos de los eventuales proponentes que pudieron haber participado en este proceso, a la libre concurrencia y a la igualdad de trato y de oportunidades, y especialmente al derecho de unos y otros a la dignidad humana como derecho síntesis, piramidal en nuestro Estado social de derecho'.
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Por último, agrega, 'preservamos el principio de la contratación estatal de selección objetiva y los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 superior, Carta Constitucional'.
Durante la audiencia se interpuso un recurso de reposición por parte de la única empresa que estaba en el concurso, que ejecuta dichas contrataciones desde hace 17 años, y la Cancillería anunció que este recurso será respondido este jueves.
Se trata de la compañía Thomas Greg & Sons, que busca quedarse con el contrato de $600 mil millones y que para ello, anunció, 'presentamos recurso de reposición haciendo énfasis en la falta de competencia del canciller, en la falsa motivación y en la ilegalidad de la actuación'.
Agregaron el Grupo Thomas Greg y el Grupo Thales de Francia que 'continúan confiando en la primacía de la institucionalidad, en el respeto y apego a la ley de contratación del Estado colombiano, todo lo anterior en beneficio y protección del interés general, los derechos de los ciudadanos y la prestación ininterrumpida del servicio público de expedición de pasaportes'.
El representante de la firma, Juan Pablo Estrada, dijo a la Cancillería, citado por varios medios, que 'a partir del 2 de octubre, canciller, los que están en el exterior no van a tener pasaportes; a partir del 2 de octubre el concesionario se retira de los puestos de personalización de libretas, los becarios colombianos a los que el presidente ha convocado para que se preparen mejor para servir al país les va a quedar muy difícil porque no va a haber pasaportes'.
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En tres oportunidades se ha aplazado la adjudicación del millonario contrato sobre el que los órganos de control habían prendido las alarmas por presuntas irregularidades en la adjudicación.
La Contraloría había advertido por ejemplo que se podría configurar un presunto detrimento patrimonial por el aparente direccionamiento del contrato.
La licitación para la elaboración de los pasaportes se abre cada cuatro años por parte de la Cancillería pero la compañía británica, que tiene en su junta directiva a los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana, ha tenido este contrato en los últimos 17 años.
Por ello la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia han pedido que se den garantías en la pluralidad de oferentes.
El plazo para la adjudicación era el pasado 1 de agosto, pero fue suspendida hasta el 5 de ese mismo mes, y ese día Leyva lo volvió a suspender hasta el pasado miércoles, cuando finalmente el ministro declaró desierto el proceso.
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Además, en una acción popular del pasado 14 de julio, el abogado Esteban Puyo Posada asegura que la licitación vulnera los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la libre competencia económica. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda y está en trámite la reposición presentada.
Una decena de empresas estarían interesadas en quedarse con el contrato: además de Thomas Greg & Sons, están Cadena S.A, Veridos México y Thales Colombia, y algunas de ellas se han quejado de las posibilidades que tienen para participar en la licitación otros proponentes y de que los requisitos favorecen a la firma que tiene el contrato actual.
El pasado 18 de julio, a través de una carta dirigida al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores le solicitó al jefe del organismo que 'adelante las investigaciones que considere necesarias para establecer la existencia de cualquier irregularidad o ilicitud que pueda presentarse o haberse presentado en el procedimiento licitatorio referido, conformando una noticia criminal para que la entidad a su cargo adelante la instrucción que concluya con las peticiones de rigor ante los jueces de la República'.
El secretario general, ordenador del gasto en la Cancillería y funcionario a cargo del proceso licitatorio, remitió dicha carta por instrucción del canciller.
El Ministerio ha reportado además que el nuevo contrato tendrá un periodo de tres años y un presupuesto cercano a los 600 mil millones de pesos.
'Desde la apertura del trámite se solicitó el acompañamiento de todos los órganos de control y vigilancia. El procedimiento ha tenido participación activa recomendaciones y observaciones de: Migración Colombia, La Organización Internacional Aviación Civil – OACI, Transformación Digital, Secretaría Jurídica y Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, Ministerio de Transporte, Procuraduría General de Nación, Contraloría General de la República y Colombia Compra Eficiente', informó la Cancillería en un comunicado en su momento.
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