Tras lo ocurrido en Tierralta, Córdoba, el Ejército identificó que posiblemente se trataba de militares porque los encapuchados portaban fusiles Galil Ace 23, de uso exclusivo militar; por el cartucho de la vida, con un distintivo amarillo que también es de uso exclusivo castrense y por las coordenadas de las tropas que se encontraban en la zona.
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Por ello informó en un comunicado desde el pasado miércoles: 'Se evidenció que posiblemente militares del Batallón de Infantería N.33 'Batalla de Junín', de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible hecho de violencia contra la población civil y sujetos de protección constitucional especial'.
Ante lo que afirmó que estos actos intimidatorios 'no representan los principios y valores que se enseñan en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se destaca el respeto absoluto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario'.
A su vez, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, advirtió que 'es muy grave que además de los incidentes de amenazas e intimidaciones, líderes comunitarios también denuncien un incidente de abuso sexual cometido contra una mujer indígena'.
Pero tras lo sucedido, hay un rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa acerca de quién debe investigar lo sucedido.
'Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del Gobierno, su propia investigación en estos hechos', señaló el jefe de Estado en sus redes sociales el pasado miércoles.
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Por su parte, el jefe del ente acusador le contestó en rueda de prensa ese mismo día: 'Le digo al Gobierno que las funciones de investigación no están en cabeza suya sino en la de la Fiscalía, no le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones judiciales, no permitiremos que la Jurisdicción Penal Militar se entrometa en lo que tiene que ver con los derechos humanos de las comunidades'.
Ante lo que el mandatario, posteriormente, le repuso: 'Claro que el Ejecutivo puede investigar a nivel disciplinario sus propios funcionarios, a través del control interno y de las comisiones protectoras'.
A su vez, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial respaldó en un comunicado este jueves a la jueza 101 de Instrucción Penal Militar y Policial 'frente a los cuestionamientos públicos de otras autoridades de la República, tras la apertura de investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad especial (Art. 165 Ley 1407/2010), en que pudieron haber incurrido miembros del Ejército Nacional el pasado 11 de septiembre en la vereda Bocas del Manso de Tierralta, Córdoba'.
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Agregó la Justicia Militar que la actuación de la togada castrense 'obedece al ejercicio legítimo de la acción penal por parte de la Jurisdicción Especializada, por cuanto prima facie, los hechos pudieron ser cometidos 'por miembros de la Fuerza Pública y en relación con el mismo servicio' (Art. 221 CP). Lo que también a primera vista permite verificar que no se trataría de una 'intromisión' arbitraria en las competencias de la jurisdicción ordinaria'.
Lo anterior, aclara el documento, sin perjuicio de que en curso de la investigación pudiera verificarse que los hechos son ajenos al ámbito funcional de la fuerza pública, se ponga en duda la competencia de la jurisdicción castrense y conforme lo dispone la ley y lo ha desarrollado la jurisprudencia haya que remitirse la actuación a la jurisdicción ordinaria.
'Pero para efectuar tales valoraciones se requiere tener un mínimo de conocimiento procesal, siendo necesario adelantar por lo menos una investigación preliminar; lo que en sí mismo no conlleva ningún grado de impertinencia', añade la fuente castrense.
Y concluye el boletín que la invitación es entonces a materializar 'el principio de colaboración armónica entre las instituciones (Art. 113 CP); a que cada quien, desde sus competencias, realice de buena fe las acciones que legítimamente le corresponden, en aras de encontrar la verdad y dispensar justicia. Sin descalificaciones y palabras altisonantes, que ningún beneficio otorgan a la institucionalidad. Si persisten diferencias a tramitarlas inteligentemente, por los cauces previstos en la ley; para el caso, por vía del conflicto de jurisdicciones'.
Al respecto, el coronel (r) Luis Villamarín le dijo a EL HERALDO que 'lo penal lo lógico es que lo debería investigar la Justicia Penal Militar porque son actos del servicio cometidos por razón del servicio, pero como el expresidente Alvaro Uribe hizo un pacto todo extraño en el año 2006, y saliéndose de la Constitución él le concedió a la Fiscalía ese privilegio, pues ya la Fiscalía lo asumió y va a continuar. Entonces la Fiscalía hará la investigación penal y que determine las responsabilidades de quienes hubieran podido cometerlo'.
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Agrega el analista de seguridad que lo mismo ocurre con la cuestión disciplinaria, 'que le corresponde institucionalmente al Ejército, pero parece que el mismo consejo de seguridad que hubo ayer pidió que se le dé el poder prevalente a la Procuraduría, que tiene esa potestad, entonces lo va a adelantar la Procuraduría. En síntesis, el Ejército no va a quedar manejando nada de la situación investigativa, ni lo penal ni lo disciplinario, pero necesariamente el Ejército tiene que esperar las conclusiones de esas investigaciones, porque se toman decisiones transitorias como separar de los cargos a quienes están siendo investigados y cuando haya un fallo y se señalen responsables pues habrá que destituirlos y adelantarles otras responsabilidades institucionales, hacer un proceso administrativo. También habrá que hacer un proceso administrativo si hubo perdida de materiales o no, pero eso ya es otra actuación interna'.
Finalmente, plantea el oficial veterano del Ejército, 'a la institución le corresponde hacer una evaluación interna si se establecen responsabilidades para producir documentos y generar actualizaciones y nuevas interacciones entre los comandantes y las unidades subordinadas para que esto no se vuelva a repetir'.
Entre tanto, Andrés Macías, catedrático de la Universidad Externado, indicó en EL HERALDO que 'aquí sí hay un interés y una responsabilidad del Ejecutivo por investigar qué sucedió, sobre todo a nivel disciplinario. Esa facultad existe. La Justicia Penal Militar tiene mucho que ver allí para adelantar una investigación preliminar para indagar hasta qué punto la jurisdicción castrense puede continuar la investigación. Y al mismo tiempo la Fiscalía también está haciendo su labor, como le corresponde, pero a nivel penal y teniendo en cuenta violaciones a los derechos humanos de la población víctima en Tierralta'.
Y concluye el experto en seguridad y conflicto que 'es viable y posible que diferentes jurisdicciones investiguen lo que sucedió, cada una desde su jurisdicción y con ciertos límites, donde en lugar de estar peleando entre sí, de manera preliminar, por saber quién investiga, lo que se debería hacer es fomentar una investigación articulada. Lo que no debe suceder es que haya una disputa por ser el único ente para investigar'.
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