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Por posible extralimitación de sus funciones, el abogado Mauricio Pava, quien representa al presidente Gustavo Petro, radicará una queja disciplinaria contra el fiscal Mario Burgos, según confirmaron a EL HERALDO fuentes cercanas al jefe de Estado.

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Como se sabe, el delegado del ente acusador es quien lleva el proceso contra Nicolás Petro, el hijo del mandatario. La defensa argumentará que Burgos, durante el interrogatorio, le hizo varias preguntas al exdiputado del Atlántico con el propósito de que se investigue al presidente, careciendo, a su juicio, de competencia.

Además el jurista pediría que el fiscal sea investigado disciplinariamente por la filtración a la prensa del interrogatorio contra Nicolás Petro, el cual fue grabado.

En dicho interrogatorio, Petro Burgos afirma que el presidente sabía de presuntos aportes de dinero a su campaña sin que fuesen registrados ante las autoridades electorales.

Al respecto, el mandatario había dicho en días pasados: 'El fiscal general compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora'.

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Añadió al respecto en su cuenta de X que 'de manera aberrante una revista publica el interrogatorio de mi hijo, cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados. Y de manera mas aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas'.

Y en ese momento aseveró que 'ni al interrogador de la Fiscalía, ni a la periodista se les ocurrió si quiera comprobar la fecha del acontecimiento, para ver si ese acto, la manifestacion de la P en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiacion de campañas. Y ante tamaño error del interrogador de la Fiscalía, el fiscal general compulsa copias a la Comisión de Acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular: una reunión política, que es un derecho, y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó cinco meses antes'.