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Por primera vez en la historia reciente del país un ex presidente de la República podría enfrentar un juicio. El propio Álvaro Uribe reveló el pasado jueves que el Tribunal Superior de Bogotá negaría este viernes la solicitud de preclusión de su proceso que hizo la Fiscalía.

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El proceso judicial que lo involucra en presunta manipulación de testigos y fraude procesal se mueve además a menos de un mes de las elecciones regionales, lo que podría tener implicaciones políticas profundas para el Partido Centro Democrático, del que el exmandatario es el líder natural.

El tribunal capitalino ratificaría de esta forma, a las 2 de la tarde de este viernes, la decisión del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá de no precluir el proceso contra el ex jefe de Estado.

La expectativa que hay es si los alcances de la decisión del tribunal, cuya ponencia está en manos del magistrado Carlos Guzmán, dan para que la Fiscalía acuse a Uribe Vélez, pues este organismo ha insistido en que se debe precluir el expediente por falsos testigos en su contra.

El caso llama la atención porque el expresidente pasó de denunciante a denunciado, pues había señalado previamente al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, de buscar testimonios en su contra en prisiones con exparamilitares a los cuales, según Uribe, supuestamente se les planteó beneficios para que lo vincularan con la parapolítica.

Pero la Corte Suprema señaló al propio exmandatario de haber sobornado testigos para que declararan a su favor y en contra de Cepeda, al parecer a través del abogado Diego Cadena, también señalado penalmente. No obstante, Uribe ha dicho que Cadena actuó por su cuenta y sin su autorización.

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También hubo en el caso una particular interceptación del teléfono del ex jefe de Estado por parte de la Corte Suprema de Justicia, aparentemente debido a una confusión con el número del congresista Nilton Córdoba.

Todo ello concluyó en que en agosto de 2020, el magistrado César Reyes ordenara que Uribe Vélez cumpliera arresto domiciliario luego de su dimisión al Congreso.

Así las cosas, con el levantamiento de su fuero parlamentario, el expediente pasó a manos de la Fiscalía, que no encontró pruebas para acusarlo y presentó una solicitud de preclusión del proceso.

Y en octubre de 2022, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Javier Fernando Cárdenas, presentó una segunda solicitud de preclusión. Pero la jueza del caso señaló que había elementos para suponer que Uribe tenía conocimiento de los ofrecimientos hechos por Cadena.

El caso contra Uribe se sigue desde hace al menos 5 años, aunque todo tuvo su génesis en 2014 cuando Cepeda lideró un debate de control político contra su colega por presuntos nexos con los paramilitares. Entonces, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema, pero cuatro años después la Corte le volteó la denuncia en su contra.

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En todo este expediente sobresale el nombre del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado uno de los testigos claves en contra de Uribe y que logró una grabación de video hecha con un reloj dentro de la cárcel en la que le habrían ofrecido beneficios.

Tras la decisión de este viernes contra Uribe se espera que haya un cambio de fiscal y otro funcionario asuma el proceso y se determine si se debe o no acusar al expresidente. Si se decide acusar se fijaría una fecha para el año entrante, luego se programaría la audiencia preparatoria y, por último, la audiencia de juicio oral.

Aunque el Código Penal contempla penas de cárcel de hasta 8 años de cárcel por soborno y otros 8 por fraude procesal, Uribe aún goza de la presunción de inocencia.

El propio expresidente Álvaro Uribe Vélez reveló que será llamado a juicio este viernes en la tarde, por manipulación de testigos y fraude procesal.

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La información la dio a conocer la Revista Semana, asegurando que la orden la dio el Tribunal Superior de Bogotá.

'Me niegan la preclusión y ordenan llevarme a juicio', se lee en el trino del expresidente.

A la audiencia también fueron citados los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, así como el senador Iván Cepeda Castro; el ex fiscal general Eduardo Montealegre; el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo; y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, ambos avalados como víctimas en el proceso.

Uribe Vélez se pronunció en la tarde-noche de este jueves desde Cartagena sobre su llamado a juicio por manipulación de testigos y fraude procesal.

'Recibo el llamado con enorme preocupación. Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte. Toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la corte para que la Corte la examinara en ejercicio de su competencia. Pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la Corte para engañarla, por favor. Ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido espiritualizar', dijo el dirigente político.

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'Ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos. Simplemente pedí que se verificara si las informaciones que me llegaban a mí de que personas como el senador Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente si eso era verdad. Pero a pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio. Yo esperaba que esa unanimidad de los testigos sobre el tema permitiera que se fallara en mi favor, lo que no ha ocurrido. Pero también es muy importante decir lo siguiente: el proceso empezó con vicios', agregó.

Renglón seguido, de acuerdo con Uribe Vélez 'fue un proceso que empezó en la Sala Penal de la Corte y que parecía una vindicta (sic) contra mí por algunas diferencias que tuve con la Corte en el ejercicio presidencial. Se preguntó si existía ese proceso, me dijeron que no. Quien presidía la Corte en el momento hablaba en los medios de comunicación. Parecían unos magistrados en discurso político contra mi persona. Pero además uno de ellos, hoy, ya es magistrado, representa políticos ante una sala de magistrados que él mismo ayudó a elegir. Esto es increíble. El magistrado que finalmente ordenó mi detención fue contratista del gobierno Santos para temas de La Habana. Nunca lo dije', indicó.