Compartir:

En el marco de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía, a través de la Dirección de Justicia Transicional, entregó resultados de cuatro años (2020-2023).

Lea también: Profieren otra medida de aseguramiento contra Salvatore Mancuso

De acuerdo con el ente acusador, el Grupo de Judicialización de Hechos de la Dirección de Justicia Transicional radicó solicitudes de imputación respecto de 83.769 hechos atribuibles a las estructuras paramilitares y ha culminado en audiencias de imputación de 57.400 delitos. 

En ese sentido en los últimos cuatro años a Salvatore Mancuso, quien recientemente fue aceptado en la JEP, se le atribuye la presunta comisión de 24.105 delitos.

Además, entre los hechos imputados hay 36.598 homicidios en persona protegida, 36.224 casos de desplazamiento forzado, 11.183 desapariciones forzadas, 2.087 sucesos de violencia basada en género y 805 homicidios múltiples o colectivos. 

Así mismo, la Fiscalía destacó que se logró que Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón perdiera sus beneficios por estar involucrado en actos de violencia sexual en contra de menores de edad con posterioridad a la desmovilización.

Le puede interesar: JEP trata de hacer pasar a Mancuso como un militar: senador de EE. UU.

Vale mencionar que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla profirió la medida de aseguramiento número 32 contra el excomandante paramilitar por hechos cometidos cuando lideraba varios frentes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en un proceso con más de 1.150 víctimas.

Cabe recordar que hace un mes  Mancuso, anunció en un comunicado que apelará el fallo de la JEP que lo aceptó de manera excepcional como sujeto incorporado a la fuerza pública entre 1989 y 2004, con el objetivo de buscar una admisión plena y no solo como 'bisagra entre paramilitares y la fuerza pública'.

'Esta apelación surge no solo por la inseguridad jurídica en la que me sitúa sino como un debate profundo sobre la factibilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado, así como la urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión justa y definitiva de estos procesos', se lee en el documento.