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La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, en un trabajo articulado con la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación, capturó a cuatro mujeres qur presuntamente, a través de la compra y venta de bienes muebles e inmuebles y la administración de dineros en efectivo, se enriquecieron ilícitamente y dieron apariencia de legalidad a recursos obtenidos con actividades del narcotráfico.

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Los operativos fueron llevados a cabo en los municipios de Turbo (Antioquia), Turbaco y la ciudad de Cartagena en el departamento de Bolívar, y las detenidas fueron identificadas como Yulisa de las Aguas Contreras, Vilma de León Baldiris, Sandra Hernández Fuentes y Linet Zuluaga Torres.

Estas mujeres, según las investigaciones de las autoridades, fueron compañeras sentimentales de los ya capturados y pedidos en extradición Erik Renhals Pertuz, alias Chichis, Antonio Ballesteros Vecino, alias Toño y Juan Camilo Molina Medina, alias Camilo, vinculados con cabecillas como Jorge Eliecer Castaño Toro, alias Plástico, Darwin Abad Sierra, alias 17 y el mismo Otoniel.

'Las cuatro capturadas fungían como presuntas administradoras de complejos turísticos, casas lujosas, bodegas, botes, establecimientos de comercio y de dinero en efectivo ilícito que mezclaban con dineros producto de actividades lícitas de los bienes ocupados, logrando así enriquecerse ilegalmente en nombre propio y a favor de terceros en aproximadamente 7 mil millones de pesos cada una', manifestó la Policía.

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En el mismo procedimiento fueron ocupados 55 bienes: 'Las afectaciones a los bienes se llevaron a cabo en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Chocó, donde se materializan medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 19 inmuebles, 21 vehículos, 10 establecimientos de comercio, 4 sociedades comerciales y una embarcación, que fueron dejadas a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)', añadió la institución.

Las cuatro mujeres capturadas fueron presentadas ante un Juez de Control de Garantías, quien dio legalidad a sus capturas y determinó que les fuera aplicada a todas, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

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