El comportamiento de los actores viales que comparten la infraestructura para la libre movilidad se regula a través del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002).
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No cumplir estas leyes pone en riesgo la vida de los demás y también puede desencadenar en una serie de sanciones económicas.
Además, puede llegar a tener la pérdida temporal del automotor, cuando la infracción lleva hasta la inmovilización.
