El conglomerado que posee la propiedad de la EPS Sanitas, Keralty, ha iniciado una disputa legal luego de la intervención gubernamental liderada por la administración del actual presidente de la República, Gustavo Petro. Según el abogado Juan David Riveros, representante de la firma, esta acción ha desencadenado una serie de medidas legales que incluyen acusaciones graves como el prevaricato por parte del superintendente de salud, Luis Carlos Leal.
- Lea: ¿Qué le falta a la reforma pensional para lograr la luz verde en el Congreso?
- Vea: Colombia en la mira de la reunión semestral de la SIP
- Aquí: Gobierno está evaluando incentivos para quienes ahorren energía: Upme
En diálogo con ‘Blu Radio’, Riveros explicó que las acciones legales no se limitan únicamente al ámbito penal, sino que también se extienden a una recusación contra el Superintendente, argumentando un presunto sesgo contra las EPS, evidenciado por publicaciones previas en redes sociales.
Inicialmente, el togado enfatizó la importancia de la objetividad en cargos de tanta responsabilidad como la inspección, señalando que estas características parecen estar ausentes en este caso. 'Es crucial que en un cargo con responsabilidades tan significativas como la inspección, control y vigilancia, la objetividad y la imparcialidad sean la norma. No es el caso aquí', precisó
Además, mencionó la posibilidad de llevar las preocupaciones de Keralty a instancias internacionales, debido al impacto que esta intervención tiene no solo en la empresa, sino también en el derecho fundamental a la salud.
En cuanto a la naturaleza de la intervención gubernamental, Riveros la describió como una posible expropiación indirecta, equiparándola en términos de impacto y consecuencias para la empresa.
Y es que esta acción, según el abogado, podría ser interpretada como parte de una serie de medidas destinadas a asfixiar financieramente a la EPS, lo que constituiría una desviación de poder en términos de derecho administrativo.
Uno de los aspectos más preocupantes, según Riveros, es la suspensión de la asamblea de accionistas, lo que implica la privación de sus derechos de propiedad derivados de sus acciones. Este acto, según el abogado, carece de precedentes y no está contemplado en la normativa aplicable, lo que refuerza la percepción de una posible expropiación indirecta.
La estrategia legal de Keralty no se limitará al ámbito nacional, ya que se están preparando demandas bajo tratados de protección de inversión extranjera, lo que podría involucrar procedimientos ante tribunales internacionales de arbitraje. Según el abogado, esto busca no solo recuperar la administración, sino también asegurar que los derechos de los inversores no sean violados.
Finalmente, en cuanto a la denuncia por prevaricato, Riveros argumentó que el acto administrativo que justificó la intervención de Sanitas fue ilegal, identificando una falsa motivación y una desviación de poder en la acción del superintendente. Esto lleva a considerar seriamente la vía penal como parte de la defensa integral de Keralty.
