Por medio de una extensa carta enviada a la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, la Procuraduría alertó sobre los riesgos e impactos que tendría la reforma pensional, sobre todo, por su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.
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En el documento, emitido por la Diana Ojeda, procuradura delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, se lee una dura advertencia sobre Colpensiones, la administradora de Fondos de Pensiones, donde, de ser aprobado el proyecto, todos los colombianos empezarían a cotizar.
'Colpensiones no está preparada'. Esta fue una de las más duras advertencias que hizo el Ministerio Público.
En ese sentido en la carta se lee que 'Colpensiones debe ser un organismo eminentemente técnico y blindado de cambios políticos. Como lo dijo la Contraloría en 2023 y esta delegada, Colpensiones no está preparada para asumir la implementación de este proyecto de reforma; carece desarrollos tecnológicos, capacidad administrativa, operativa y altamente politizada'.
Reiteró que cuando entre en vigencia este proyecto no se podrá realizar las modernizaciones necesarias por la falta de capacidad por parte de Colpensiones, por lo que planteó que este proyecto de reforma entre en vigor mínimo a mediados de 2026. Este fue uno de los enfrentamientos que hubo en plenaria, pues la oposición y los independientes, liderados por la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, pedían que se iniciara en 2027, pero el Senado aprobó que arrancara desde el 1 de julio de 2025.
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La carta se conoce al mismo tiempo que el presidente Gustavo Petro le hablaba a los colombianos sobre la reforma pensional. Pese a que la plenaria del Senado aprobó que el umbral para cotizar en Colpensiones sea de 2,3 salarios mínimos, el mandatario insistió en cambiar eso aprobado y que este umbral sea de 4 salarios mínimos, por lo que la mayor parte de la población colombiana obligatoriamente cotizaría en el sistema público, generando un riesgo en los fondos privados.