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En los últimos días, un nuevo y escalofriante caso de abuso infantil fue descubierto por las autoridades nacionales, quienes terminaron llevando a cabo la detención de Stefan Andrés Correa, un individuo de nacionalidad ecuatoriano-estadounidense, acusado de estar involucrado en una red de explotación sexual de menores en el país.

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Correa, de 42 años, enfrenta serios cargos por su presunta participación en abusos cometidos contra varias niñas colombianas de 11 años en adelante, perpetrados en hoteles de lujo en Medellín y Cartagena.

El arresto del extranjero tuvo lugar el pasado 23 de abril en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, cuando se disponía a viajar a Medellín. Su captura ha sido el resultado de una operación conjunta entre las autoridades colombianas y estadounidenses, en la que se ha revelado la existencia de una red criminal dedicada a la explotación sexual de menores en el país.

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Se ha informado que Correa, supuestamente un empresario del sector farmacéutico, mantenía contactos con proxenetas, con quienes pactaba encuentros para abusar de las menores.

En los chats revelados se evidencia que estaba dispuesto a pagar hasta 300.000 pesos por encuentro, además de proporcionarles teléfonos celulares.

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La captura de Correa ha causado conmoción en el país, especialmente después del caso de Timothy Livingston, otro ciudadano estadounidense detenido por abusar de menores en Medellín. Según el director de la Dijín, Edwin Urrego, la colaboración entre las autoridades de ambos países fue fundamental para identificar y detener al presunto abusador.

'Esta investigación sobre Stefan Correa se inicia cuando estábamos desplazándonos con las menores y allí aparece otra menor manifestando lo que acontecía con este individuo', explicó Urrego.

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Y agregó: 'Tenemos un grupo investigativo que trabaja de manera articulada con la agencia de los Estados Unidos y empezamos a intercambiar información. Es así como se le logra detectar saliendo de Miami. Cuando se revisa su celular tenía videos explícitos de menores de edad'.

Las autoridades han revelado que existen redes de proxenetas en el país, con la participación incluso de mujeres, que facilitan el acceso de extranjeros a menores de edad. Se ha identificado a algunos de los integrantes de estas redes, aunque se desconoce si Correa tenía vínculos directos con ellas.

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El caso de Correa ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar el problema de la explotación infantil en Colombia y de fortalecer la cooperación internacional para combatir este flagelo. Las autoridades continúan investigando el caso y trabajando para identificar a otros posibles implicados en esta red criminal que atenta contra la integridad de los niños y niñas.