En la noche de este miércoles 8 de mayo, la Corte Constitucional no aprobó la Ley 2281 de 2023, por medio de la cual se creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad, a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez.
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Según los demandantes, las facultades extraordinarias del Ministerio concedidas al presidente Gustavo Petro no eran precisas.
No obstante, la Corte difirió los efectos de la decisión por un término de dos legislaturas que serán contadas a partir del 20 de julio del presente año. “Una vez culmine la legislatura 2025-2026, la Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”, indicó el Alto Tribunal.
Este dictamen indica que el Ministerio sigue vigente solo hasta el 20 de junio de 2026, debido a que el Congreso no hizo el análisis de impacto fiscal de la creación del mismo, y se declaró finalmente inexequible después de esta fecha, el Ministerio no tendrá validez alguna en su existencia y funciones.
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Según la Sala Plena, esta decisión responde a las exigencias previstas en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003.
Paloma Valencia, José Jaime Uscátegui, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, fueron los demandantes, quienes apelaron el artículo 12 de la Ley 2281. Sin embargo, la Corte brindó la oportunidad de subsanar la decisión si más adelante el Ministerio corrige los errores por los que su cartera fue demandada, para no afectar a los beneficiarios.
“Una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el Ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad”, indicó el Alto Tribunal.
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Para este año, la vicepresidenta Francia Márquez contaba con $1.3 billones dirigidos a esta cartera, además, en su nómina figuraban 5 viceministros, 20 directores técnicos y 461 profesionales universitarios a cargo de los diferentes programas.
